Ex autoridades de gobierno bolivianas, de los períodos previos al mandato de Evo Morales, aseguran ser víctimas de una persecución por parte del actual gobierno Masista. Ellos, sin embargo, no son los únicos que han hecho saber su descontento. Miembros de la oposición boliviana también han denunciado ser víctimas de una  persecución política desde el Gobierno de Morales. El descontento se ha hecho notar a tal punto, que dos diputadas realizaron una protesta vestidas como presidiarias, con el fin de denunciar que en Bolivia el estado de derecho no está siendo respetado.  Estas acusaciones han sido negadas por el gobierno de Morales, el cual ha restado importancia al asunto y asegura que se está actuando de acuerdo a la ley.

Sin embargo, Bernard Gutiérrez, senador de oposición, declaró que Morales estaría usando el poder Judicial a favor de la  persecución política.

Diputados de Convergencia Nacional manifestaron que el Gobierno debe terminar con la persecución política, debido a que la  democracia podría verse afectada. “Ese es un ejercicio sano que se maneja en toda democracia, pero todo parece indicar que el MAS no respeta una Democracia plural, donde el adversario político debate con ideas y no con persecución como ocurre en el gobierno de Evo Morales”, expresó el diputado  Andrés Ortega, miembro de CN.

Ya en 2007, el gobierno boliviano daba indicios de la llamada persecución. En ese entonces se llamó a declarar a los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, debido a  supuestas irregularidades en la firma de contratos petroleros. Además de esta situación, se registraron otras 25 acusaciones contra ex líderes y autoridades de Estado, según consignó el diario boliviano Los Tiempos. Las acusaciones fueron enviadas en 2006 al iniciarse el primer gobierno de Morales.  

Según el analista político boliviano, Marcelo Silva, las persecuciones políticas en Bolivia han sido una  práctica recurrente de los mandatarios que han estado a cargo de esa nación. Por lo que la actitud del gobierno respondería a una tradición política en el país altiplánico.

El caso más vigente es el del ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), quien asegura que el gobierno de Morales está persiguiendo a sus opositores en vez de al narcotráfico. Su declaración más controversial la realizó en febrero de 2009l cuando afirmó que  “el Banco Unión se ha convertido en la lavandería de recursos chavistas, de corrupción y de dinero mal habido para uso del Gobierno”. La respuesta del gobierno ha sido lapidaria: será condenado a dos años y ocho meses de cárcel por los cargos de difamación, calumnias e injurias contra el Banco Unión, entidad en la cual el gobierno es el principal accionista. Tras ser notificado, Quiroga aseguró que “El régimen (de  Evo Morales) está buscando destrozar toda voz de disenso y callar la libertad de expresión”.  

Para mayor información puedes acceder a:

Para mayor información puedes acceder a:

Los juicios persiguen a 20 políticos opositores – Diario Los Tiempos

El balancín en gobernar el país -

Quiroga acusa a Morales de perseguir a opositores en lugar del narcotráfico – Diario La Patria (Bolivia)

Bolivia: Evo Morales acusa a opositores de terrorismo – El Mercurio (Chile)

Observan persecución política y judicialización contra opositores – FM Bolivia

CN está en emergencia contra “persecución política” del MAS – FM Bolivia

Ejecutivo no respeta independencia de los cuatro Órganos del Estado – El Diario (Bolivia)

Pero las evaluaciones políticas no son tan optimistas. Aunque la prensa extranjera felicita la existencia de una institucionalidad capaz de gestionar la crisis en Chile –cuya ausencia en países como Haití profundiza las ya graves consecuencias de un terremoto-, el listado de errores de gestión hace pequeños agujeros en la antes inmune imagen de la Presidenta Bachelet, justo antes de terminar su mandato.

La primera crítica apunta a un error que aún no tiene responsable, pero que en último término debe asumir la cabeza del gobierno, que al menos pudo aplicar “sentido común” con la escasa información disponible. Si bien el Shoa, la institución que debió alertar sobre el peligro de maremoto, no cumplió su misión (algo inadmisible, está claro), las posteriores entrevistas a los geólogos dejaron claro que frente a un sismo que inestabiliza a alguien de a pie en la costa es imprescindible evacuar hacia zonas más altas. La Presidenta y sus ministros podían ignorar esta información, pero ¿es posible que nadie en la Onemi supiera esto? Las excusas de su directora, Carmen Fernández, decían que al fin y al cabo un tsunami demora unos 20 minutos en golpear la costa, tiempo insuficiente para alertar. Pero en muchas localidades el mar entró casi una hora más tarde. Tanto tiempo pasó que algunos subieron a los cerros y luego, por indicación de la Onemi, alcanzaron a bajar.

Los errores no terminaron ahí. En segundo lugar vino la tardía la decisión de declarar estado de emergencia y llamar a los militares para instaurar el orden. Al parecer, Bachelet no quiso a los militares en la calle en su última semana al mando. Claramente, no es la foto que habría planificado para cerrar su álbum de presidenta. Pero los 11 mil efectivos que salieron hacia el sur el domingo, un día antes habrían evitado el segundo daño más importante que sufrieron no sólo los damnificados, sino la imagen del país: vandalismo, violencia, sensación de indefensión, desamparo en medio del caos. Los militares, por último, no sólo sirven para imponer el orden. Su sola presencia -ayudando a levantar escombros, socorriendo a víctimas en tantas localidades alejadas- habría dado una potente señal de que el estado se hace presente. Además, son en sí mismos un arma disuasiva potente frente al pillaje y todo el abanico delictual.

Finalmente, el sistema de comunicaciones colapsó, y eso debe tener un responsable. Si el sistema es público o privado, si las torres requerían electricidad, si las antenas para celulares se cortaron o el sistema colapsó… todo eso da lo mismo. Un terremoto, un evento predecible en un país como el nuestro, no sólo dejó a la ciudadanía incomunicada. Eso era secundario. Lo tremendo es que las autoridades regionales quedaron aisladas, que el Ejecutivo debió tomar decisiones sin la información suficiente, que la Armada no tenía idea de lo que pasaba.

Para un país que gasta en abundancia en sus Fuerzas Armadas, que se jacta frente a los vecinos de su prosperidad y eficiencia, esto simplemente es una bofetada que llama a la humildad. Los países vecinos, esos a los cuales se intenta “disuadir” a través de la compra de más y más armamento (y que llegaron a socorrer con agua y hospitales oportunamente), ya tienen clara la fragilidad de nuestras comunicaciones, esa que Estados Unidos ayudó a mitigar casi con una limosna, con la veintena de teléfonos satelitales que le sobraban a la delegación de Hillary Clinton.

Por Nicolle Etchegaray

Aquí tres artículos de la prensa extranjera  con fuertes críticas hacia la administración Bachelet; y los especiales de La Tercera y Emol dedicados a la catástrofe:

NYT: Earthquake Exposes Fault Lines in Chilean Politics

Washington Post: Is Chile’s new president ready to deal with an earthquake’s aftereffects

 The Economist:  Counting the Coast