Por Nicolle Etchegaray T.
Volvemos a las épocas del más retrógrado racismo, ese que se amparaba en la legalidad del siglo pasado, en sociedades que diferenciaban al ciudadano pleno de derechos del pobre ser vivo que al que a penas le quedaba limosnear su dignidad. En realidad, no todos volvemos a eso. En muchos lugares del mundo el racismo se disimula, se esconde bajo la alfombra y no se funda en la norma escrita. Pero en Arizona, el racismo ahora es ley.
Irónicamente, ocurre bajo el mandato de Obama, el Presidente demócrata que dio esperanzas de un nuevo trato entre Estados Unidos y América Latina. A pesar de su oposición manifiesta, el lunes 19 de abril el Senado de un estado del sur de EE.UU. aprobó una ley que obliga a la policía estatal a arrestar a los inmigrantes indocumentados. El viernes siguiente, tras intenso lobby republicano, la gobernadora –también republicana- la promulgó.
La situación de los inmigrantes nunca fue brillante en Arizona ni en cualquier otro lugar del mundo. Los inmigrantes, especialmente los indocumentados, ocupan el estamento más bajo en todas las sociedades, trabajan y viven (o sobreviven) al margen del derecho laboral y la protección estatal, reciben los peores sueldos y se ocupan de las tareas más duras. Pero salvo quienes son sospechosos de un crimen, no hay razón para temer a la justicia. Ahora, en cambio, en Arizona la policía está “obligada” a arrestar a los inmigrantes indocumentados si existe simplemente una “sospecha razonable”; el policía que no lo hace puede ser demandado por los residentes de la localidad correspondiente.
¿Qué significa esa sospecha razonable? Pues nada menos que parecer mexicano. O latino. Quién sabe en qué pensaban quienes redactaron esta macabra ley. De acuerdo a las informaciones de la BBC, los periodistas le preguntaron a la gobernadora en cuestión, Jan Brewer, cómo luce un inmigrante indocumentado. Obviamente, respondió “no sé”. Pero sí sabe. Sabe que desde hoy las personas bajas, de piel morena y pelo oscuro, deben prepararse a sufrir sistemáticos controles, periódicas humillaciones. No importa si son o no honestos, trabajadores, responsables, buenas personas y ciudadanos. Si tienen papeles, serán acosados y dejados en libertad. Si no los tienen, en Arizona serán tratados como criminales. Y de acuerdo a las informaciones que recoge la prensa, en otros estados del sur norteamericano analizan la posibilidad de seguir el mal ejemplo.
Como era de esperarse, en México la reacción fue de espanto e indignación. Pero tristemente, Amnistía Internacional (AI) instó a los latinos a poner esto en perspectiva. No porque haya una mejor visión sobre lo informado. Por el contrario. Lo que sucede es que, de acuerdo a sus investigaciones, la situación de los indocumentados en este país no es mejor.
Por las fronteras de México pasa gran parte de los indocumentados latinos que escapan de su pobreza rumbo a Norteamérica. El 90% son centroamericanos y el 20% son mujeres o niñas. Uno de cada 12 es menor de 18 años y algunos no cumplen 10 años aún. Todos sufren algún tipo de abuso, muchos de ellos en manos de las propias autoridades (funcionarios públicos corruptos), pero muchos más son víctimas del crimen organizado.
En México, de acuerdo a AI, “cada año, miles de migrantes sufren malos tratos, secuestro o violación, la detención arbitraria y las extorsiones por parte de funcionarios públicos son habituales”… “la persistente inacción de las autoridades para enfrentar los abusos cometidos contra migrantes irregulares ha hecho que su viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo”. Según organizaciones de derechos humanos y expertos académicos, seis de cada 10 mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante el viaje.
No sé si existen informes similares para evaluar la situación en cada uno de los restantes países de América Latina. Desde lejos, en Chile, el informe de Amnistía Internacional se lee con espanto, pero escuchamos las historias de mujeres peruanas que cruzaron sin papeles en busca de un trabajo y vivieron situaciones que dan para una película de terror. Ninguna ley criminaliza al extranjero, como en Arizona, pero tampoco las protege. Las autoridades no son corruptas ni las bandas criminales actúan al nivel mexicano. Pero una masa cada vez mayor de peruanos llena los cupos para los trabajos más duros, trabaja fuera de toda protección legal y muchas veces sufre abusos de empleadores inescrupulosos.
Claramente, es justo repudiar las leyes que hacen involucionar el respeto a los derechos humanos en el mundo. Pero también es sensato comenzar a revisar los pecados propios. La paja en el ojo ajeno, frente a la viga en el ojo propio.
A continuación, algunos artículos sobre el tema:
Nueva ley migratoria en Arizona
BBC
The Daily Show, EE.UU.
Programa del 26 de abril, dedicado a la nueva ley de inmigración en Arizona
Calderón dice que la ley migratoria de Arizona “abre la puerta al odio”
El País
Informe “Víctimas Invisibles: Migrantes en movimiento a través de México”
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional denuncia que inmigrantes sufren situación “escalofriante” al cruzar México
Infolatam-EFE
AI: México viola DH como Arizona
El Universal
Arizona: gracias, ¡muchas gracias!
Por GABRIELA WARKENTIN para El País