Con esta columna damos la bienvenida a Miguel M. Benito Lázaro como colaborador de Sudamérica XXI.
La gestión por parte de la comunidad internacional -y específicamente la Organización de Estados Americanos (OEA)- de la crisis generada en Honduras por la interrupción del orden institucional, ha devenido en un círculo vicioso que, lejos de facilitar el encuentro, está dificultando reestablecer la legalidad de un modo aceptable para todas las partes. Es imperativo actuar para evitar que el país centroamericano quede en el limbo, convertido en una anomalía, sin reconocimiento internacional y con una fractura interna que sólo puede crecer si se mantiene la presente polarización. En definitiva, se trata de evitar que se haga buena la frase que dice que “lo que mal empieza, mal acaba”. Para impedirlo hay que mirar al futuro con responsabilidad, como ha indicado Oscar Arias.
Por Miguel M. Benito Lázaro.-
Resumen de los hechos
Junio/2009 – El proyecto de referéndum
La sucesión de acontecimientos que ha conducido a Honduras a ser el centro de una crisis en la que han confluido tensiones internas y rivalidades internacionales, empezó con el empeño del presidente Zelaya de forzar su posible reelección contraviniendo los pronunciamientos de las demás instituciones del Estado. Este hecho, que dado el tamaño del país Centroamericano pasó desapercibido, suponía un desafío a la legalidad vigente en Honduras y activó los mecanismos de control del Poder Ejecutivo con los que cuentan el Legislativo y el Judicial. Zelaya estaba forzando, el sistema político y el orden constitucional (en concreto el artículo 374 de la Carta Magna), sin percibir que se ponía en marcha el sistema de equilibrios, efectivo, que debe existir en cualquier sistema político democrático. La existencia de ese equilibrio de poderes, salvaguarda del sistema político y jurídico, es una buena noticia para buscar las vías hacia la solución, puesto que demuestra que hay un grupo de personalidades e instituciones cuyo mayor interés consiste en velar, no en intereses partidarios, sino por el respeto a las normas que los hondureños libremente se han otorgado.
La comunidad internacional, poco pudo hacer para prevenir el estallido de la crisis y, como bien se ha apuntado en el seno de la OEA, la Organización carece de mecanismos y/o mandatos claros para vigilar que los procesos políticos internos de los distintos miembros se atengan al más escrupuloso respeto de los principios y valores consignados en los ordenamientos legales internos y en la Carta Interamericana.
28/Junio/2009 – Manuel Zelaya depuesto
Sin duda, el segundo error grave, fue el que detonó la crisis: la expulsión del Presidente Zelaya del país, tras la irrupción en mitad de la noche de miembros de las Fuerzas Armadas en el Palacio Presidencial. Al mismo tiempo, representantes de otras ramas de los poderes públicos hondureños daban el visto bueno a instauración de un gobierno provisional encabezado por Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Congreso.
Este modo de proceder, ajeno a cualquier normatividad, por parte de aquellos que argumentaron ser garantes de la legalidad vigente, les arrebató desde el principio esa supuesta condición, junto con cualquier atisbo de legitimidad. De haber actuado de acuerdo a Derecho, el presidente Zelaya debería haber sido entregado al sistema legal hondureño, encargado de establecer los procedimientos a seguir.
Al incumplir el deber ser, rompió el gobierno de facto su propia justificación: el respeto a la legalidad hondureña. Y al perder su única justificación, quedó sin defensa alguna ante las instancias internacionales. Este error ha sido reconocido posteriormente incluso por el propio presidente de facto Roberto Micheletti.
La legitimidad quebrada en origen, no podía –ni debía- ser restaurada por los organismos internacionales o la comunidad internacional de naciones. En Latinoamérica, las noticias de Honduras, despertaron viejos fantasmas, que junto a presiones de los gobiernos más cercanos a Zelaya, abocaron a la OEA a la única decisión posible –adoptada quizá de manera precipitada-: no reconocer al gobierno de facto y, posteriormente, excluir a Honduras del foro interamericano. La OEA debería haber jugado más con los tiempos, dilatado sus procesos internos antes de tomar resoluciones tan categóricas como las que tomó. En cierto sentido, la precipitación de la OEA resquebrajó los mecanismos de solución política interna y enrocó a las partes en sus posiciones.
Como he señalado, la decisión, por precipitada, ha dificultado la intervención de la misma OEA en la búsqueda de un acuerdo negociado que pusiera fin a la crisis, porque:
Pareció justificar las actuaciones precedentes de Gabriel Zelaya, y por tanto, que la OEA se situaba del lado del presidente depuesto y validaba sus aspiraciones de mantenerse en el poder.
- Al ser incapaz de revertir esa percepción, la OEA se marginó a si misma como posible mediador de un acuerdo político interno e impulsor del diálogo en el seno de la sociedad hondureña.
- La actuación de la OEA en la crisis de Honduras está muy lastrada por las negociaciones que en San Pedro Sula sobre la futura relación de Cuba con el sistema interamericano. El respeto a la Democracia y los Derechos Humanos, soslayados en la Asamblea General para poder alcanzar un acuerdo, no podía ser esgrimida como regla de fuego que justificase la pronta y contundente reacción en el caso hondureño. Sin poder esgrimir un principio rector claro en su actuación, la OEA simplemente ha parecido deslizarse por la estela que marcaban los países del ALBA. La Organización, para amplios sectores de opinión, ha aparecido como un instrumento más de la diplomacia bolivariana. Percepción alimentada en Honduras por el gobierno de facto.
En ese contexto, diversos países retiraron sus embajadores del país y declararon no reconocer al nuevo gobierno.
07/Julio/2009 – Oscar Arias, mediador
Ese fracaso de la OEA para crear puentes de entendimiento profundizó las divisiones dentro del pequeño Estado centroamericano y, dejó un único mediador con autoridad para forzar algún entendimiento entre el gobierno de facto y Zelaya: Estados Unidos. La actitud equidistante de la superpotencia, atrapada por la indefinición de la política latinoamericana de la Administración Obama, condenando el golpe y al mismo tiempo al gobierno de Zelaya, si bien le ganó las críticas de los sectores de la derecha estadounidense y de la izquierda latinoamericana, abrió la puerta a Hillary Clinton para conducir los esfuerzos hacia algún acuerdo, puerta que quedaba cerrada para la OEA por las radicales declaraciones de los presidentes de Venezuela y Nicaragua.
Hábilmente Clinton, sin contar con la OEA ni con su Secretario General, obligó a Micheletti y Zelaya a aceptar la mediación de Oscar Arias, figura de prestigio internacional, aunque muy criticada y por los presidentes del ALBA. De este modo, Estados Unidos emergió como el actor más constructivo en la búsqueda de una solución pronta y pacífica de la crisis, sin exponerse directamente.
La animadversión que los dirigentes del ALBA tienen hacia el costarricense ha supuesto una dificultad en sus labores porque aquellos, lejos de ayudar a encontrar una solución constructiva, han persuadido a Zelaya para mantener posiciones maximalistas y han brindado una excusa perfecta al gobierno de Micheletti para presentarse como adalid de los hondureños frente a agresiones de algunos gobiernos extranjeros con pretensión de injerir en sus asuntos y que, incluso, han amenazado con el uso de la fuerza.
26/Julio/2009 – Zelaya acampa en la frontera
Bloqueado el Acuerdo de San José, sin otras opciones en la mesa y sin gestos que alimentasen la esperanza de una pronta solución, todo parecía quedar a expensas del proceso electoral iniciado hace escasa fechas. Zelaya, dando por concluida las negociaciones decidió acampar en la frontera de Nicaragua con Honduras, haciendo visible su intención de reingresar al país, con o sin acuerdo, con o sin apoyo internacional –aunque siempre contando con el respaldo de Chávez, Ortega y otros presidentes de la región-. Al campamento de Zelaya se fueron desplazando algunos seguidores, llegando a hablar el presidente depuesto de la posibilidad de formar una milicia con ellos. Declaraciones como ésta han alimentado la fractura social hondureña y los recelos sobre la posibilidad de llegar a una solución dentro del marco de las instituciones.
02/09/2009- OEA decide no reconocer los comicios de noviembre
Las presiones intensas de algunos gobiernos precipitaron un error que puede resultar catastrófico de cara al futuro: la OEA -y varios de sus Estados Miembros- decidieron no reconocer el resultado de las elecciones de noviembre, de las que saldrá el nuevo presidente hondureño.
Se quebraba la aspiración de muchos de, soslayando los obstáculos para una resolución inmediata de la crisis, contar con mecanismo futuro que reinstaurase la institucionalidad rota.
La posición de la OEA tiene difícil justificación y como recientemente ha señalado Jorge Castañeda, no se puede alegar que de un gobierno ilegítimo no puede salir una democracia legítima, porque eso implica problemas en el reconocimiento de la Transición española o del referéndum de Pinochet como base de democracias actuales legítimas e insertadas de manera destacada en el concierto internacional de naciones. Además, aceptar esta idea supondría un escollo para una posible evolución democrática de Cuba. Otro punto a favor de apoyar las elecciones hondureñas es que eran elecciones ya previstas antes de toda la crisis. Las fechas, los contendientes, las autoridades electorales, etc. son aquellos que estaban previstos con anterioridad, lo que prueba que el gobierno de facto no ha “cocinado” estas elecciones para situar en el Palacio Presidencial a un candidato determinando.
21/09/2009 – Zelaya en Tegucigalpa
Tras varios días que sólo auguraban la muerte lenta de la causa zelayista, el 21 de septiembre el depuesto presidente irrumpió en Tegucigalpa y se refugió en la embajada brasileña –sin que parezca que Brasil estuviese al tanto de este plan-. La tensión creció exponencialmente y se hicieron obligados los llamados a la calma en Honduras, temiendo algún tipo de estallido civil. Este retorno de Zelaya, auspiciado por distintos patrocinadores y cómplices, sólo puede ser calificado de inmaduro, imprudente y peligroso.
Semejantes actitudes resaltan que el objetivo de Zelaya no es la solución pacífica sino verse de nuevo en el poder. En quienes así han obrado no hay intención alguna para ceder y comprometerse con la vía negociadora. Sólo desde esta perspectiva se puede comprender su acción, que puso en riesgo la estabilidad y la paz del país. Las pretensiones que Zelaya manifestó cuando estaba acampado en la frontera nicaragüense se materializaron de la manera más insospechada.
28/09/2009 – Suspensión de las garantías constitucionales
La respuesta del gobierno de facto, como siempre antes, sólo ha empeorado las cosas. Ante las manifestaciones de apoyo que dentro del país estaba logrando Zelaya desde su regreso, el presidente Micheletti decretó la suspensión de garantías constitucionales –libertades de circulación, expresión, limitación a las reuniones públicas, etc.-, además del cierre de medios de comunicación que habían apoyado la reclamación zelayista, alegando incitación a la violencia.
Para terminar de incrementar las tensiones el gobierno de Micheletti denegó el regreso de los embajadores que habían sido retirados por sus gobiernos y a los que se había dado orden de regresar a Tegucigalpa para impulsar una salida definitiva a la crisis y evitar una espiral de violencia incontrolada. También se negó el ingreso de una delegación de la OEA.
La suspensión de garantías de nuevo nos lleva al quebrantamiento de un orden institucional y democrático que el gobierno de facto dice proteger. Semejante inconsistencia deja sin razón de ser todas las acciones, y la existencia misma, del gobierno de Roberto Micheletti.
Conclusiones
Los actores de está tragicomedia han quedado retratados.
Zelaya –jaleado por sus aliados del ALBA- ha hecho todo lo posible para, desde posiciones maximalistas y confrontacionales, anular las posibilidades que han sido presentadas en distintas propuestas de acercamiento, especialmente el Acuerdo de San José. Si Zelaya ha ofrecido la imagen de un hombre únicamente movido por su ambición, sus aliados han irrumpido en esta crisis con una retórica guerrerista y trasladando al pequeño país de Centroamérica otras pugnas que se desarrollan en el Hemisferio.
El gobierno de facto, que diciendo defender el régimen legal vigente, ha hecho todo lo que ha podido por quebrantarlo, tampoco se ha comprometido sinceramente con el proceso negociador y simplemente ha buscado que el tiempo trajese, por la vía de los hechos consumados, un nuevo gobierno.
La OEA, con José Miguel Insulza a la cabeza, ha sido incapaz de crear el clima de confianza para representar una mediación creíble. Carente de margen de maniobra y de alternativas, la organización ha acabado relegada al papel de apéndice de la diplomacia del ALBA, generadora de más tensiones de las que alivia, sin facilitar el entendimiento político entre los hondureños. Además la actuación del organismo internacional ha sido inconsistente e incoherente con sus actuaciones previas y, de algún modo, con sus principios.
El, más supuesto que efectivo, liderazgo regional de Brasil ha volado por los aires. La escasa voluntad para ser un factor relevante en la superación de la crisis por parte del gobierno de Lula da Silva así como su incapacidad para adoptar una postura clara, demuestran que Brasil ahora mismo tiene la magnitud para ser líder pero no tiene la voluntad política. Lula no parece dispuesto a asumir el coste del liderazgo, a saber: no siempre puede contentar a todos y a veces tendrá que contrariar a algunos. La repentina irrupción de Zelaya en la embajada brasileña de Tegucigalpa ha sido un nuevo balde de agua fría a los que confiaban en Brasil como factor de orden y sensatez.
El gobierno de Barack Obama, si bien ha intentado buscar campos de acuerdo, aún no ha articulado una política clara para las Américas y ha ido dando bandazos. Además ha evitado implicarse profundamente, en primer lugar porque otros escenarios concentran sus mayores esfuerzos y, segundo, porque era evidente que asumir un rol director en este contexto dejaba al gobierno norteamericano expuesto a las críticas de los gobiernos del ALBA, dispuestos a usar cualquier pretexto o fallo para culparle de todo lo acontecido. Por otra parte, el propio ejecutivo estadounidense ha sido tibio en algunos momentos con su condena del Golpe de Estado, poco inclinado a reinstaurar en el poder a un gobierno afecto al movimiento bolivariano, lo que ha alimentado de algún modo las esperanzas del gobierno de facto de lograr sus objetivos. A pesar de sus inconsistencias, Estados Unidos ha sido el único actor capaz de sentar a negociar a las partes en una misma mesa.
Una sucesión de acontecimientos como la anteriormente expuesta, sólo puede dejarnos temerosos, porque pareciera que la crisis de Honduras sólo puede tener un mal final.
Apuntando soluciones para el futuro
Todos los actores, con sus errores, han conducido al pequeño país al borde de una fractura civil gravísima, haciendo gala de una irresponsabilidad inaceptable. Quizá sea el momento de escuchar lo que los hondureños tienen que decir.
En este panorama tan desalentador, con tanta descoordinación entre la comunidad internacional, e incluso con desinterés de algunos de sus miembros por encontrar una resolución pacífica y sostenible de cara al futuro, se pueden entrever vías para recomponer la institucionalidad en Honduras. Vías que pasan por el respeto a las instituciones, por la voluntad popular y por el futuro, encarnados en el proceso electoral que ha empezado.
Micheletti y Arias, con sus actos, han demostrado no ser interlocutores responsables y constructivos para la resolución de la crisis de su país. Por tanto hay que buscar otros. Micheletti y Zelaya son obstáculos y como tal deben ser tratados. Quizá la búsqueda de otros actores, por el temor de verse fuera de la decisión final, les anime a reconsiderar su posición.
Esos actores alternativos se encuentran en todas aquellas instancias comprometidas con el respeto a las leyes hondureñas que, en su día consideraron que el gobierno de Zelaya estaba incurriendo en graves faltas contra su ordenamiento legal y que ahora deben estar muy preocupados con la polarización que el gobierno de Micheletti está alimentando. Es necesario que vuelvan a implicarse en el proceso político interno y manifiesten que el deterioro de la situación política del país es el deterioro de la legitimidad del gobierno de facto.
Y, sobre todos, los interlocutores que pueden ayudar a encontrar una solución de cara al futuro son los actuales candidatos a la presidencia del país, pues ellos son los primeros interesados en validar el actual proceso electoral.
Tras anunciar que el nuevo gobierno no sería reconocido, la comunidad internacional tiene un poderoso elemento para negociar, pues tiene algo que ofrecer: restañar el reconocimiento y la legitimidad malbaratados durante estos últimos meses.
Y los aspirantes a presidente, a cambio, deben buscar tierra común para todos los hondureños, sin que ninguno se sienta excluido del proceso político en curso, y deben plantear mecanismos para aceptar alguna forma de restitución –así sea de orden estrictamente moral y/o simbólica- al presidente depuesto Zelaya –si debe seguir proceso sancionatorio interno posteriormente es asunto que sólo compete al poder judicial y en el que los candidatos, en virtud de la separación de poderes no tienen nada que declarar- y condenar al gobierno de Micheletti y a aquellos que participaron en la expulsión del presidente de manera irregular al inicio de esta crisis. Esta condena debe moverse en el plano de las declaraciones porque, de nuevo insistimos, la salida de la crisis pasa por reforzar las instituciones y la legalidad, y por ello corresponde a los tribunales de justicia los que determinen sobre el asunto particular.
Por tanto, los candidatos, junto con todos aquellos que desde los órganos del gobierno creen en el orden institucional consagrado en la Constitución hondureña, representan la mejor esperanza para dar una salida a la crisis. Sería capital contar con estos actores como interlocutores comprometidos con un desenlace positivo de la crisis. Corresponde a la OEA iniciar los contactos con ellos y comprobar su verdadera disposición al diálogo.
Por último, como ya dijo el Representante Permanente de Colombia en su primera sesión como Presidente del Consejo Permanente de la OEA no hay que trasladar a Honduras otras peleas que pueden convertir al pequeño país en un terrible ejemplo de la ausencia de voluntad de los gobiernos de la región para llegar a acuerdos que garanticen la paz y la estabilidad de las Américas. Los hondureños no merecen eso. Ya ha habido demasiados errores y actos malintencionados en la gestión de esta crisis. Es tiempo de evitar daños permanentes para Honduras y para América Latina.
La revista The Economist en su ultima edición hizo un previsión sobre los sucesos que marcarán el 2010 en nuestra región y el mundo.