Por Nicolle Etchegaray
En medio de cuadros de diarrea y deshidratación, además de alguna bronquitis, terminó esta semana la 40 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realizó en Lima, Perú. Fueron 45 los delegados los que, según el doctor encargado de atender las emergencias, “cayeron castigados por la atractiva comida peruana”. Según el diario El Comercio, hasta José Miguel Insulza fue afectado, al parecer por unos camarones que comió el domingo Y quién los culpa. Entre ceviches, tiraditos y ají de gallina, no hay quien se resista a una de las comidas más atractivas y sofisticadas de la región.
El tema podría ser simplemente la anécdota del encuentro. Pero la verdad es que, a pesar del tibio intento de algunos por poner temas propios en la agenda, poco y nada salió de una reunión que es la principal instancia de discusión regional y se realiza una sola vez por año. No es de extrañarse. Hace mucho tiempo se levantan acusaciones contra la OEA por esto. No es un tema personal contra Insulza o su gestión. Simplemente, debido a la institucionalidad de la OEA, es muy difícil que tenga un rol destacado en la solución -o al menos en la discusión- de los problemas más serios que enfrenta la región.
Un ejemplo claro es la inconsistencia entre las acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos que efectúa, con sólidos argumentos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que depende de la OEA, y la escasísima repercusión que ellas tienen dentro y fuera de propia organización. A diferencia de su informe anual, que al menos se presenta ante el Consejo Permanente y en la Asamblea General, los informes especiales de la CIDH no suelen discutirse en los foros políticos.
Así, por ejemplo, el Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela demostró que existe una sistemática transgresión gubernamental a la libertad de expresión, erosión a la independencia de los poderes del estado y un peligroso acoso a la oposición política. En Cuba, un Informe similar de Human Rights Watch reveló la opresión que sufre la oposición política y la serie de vejaciones a las que son sometidos los presos de conciencia. La CIDH, en línea, aceptó causas presentadas por presos políticos o sus familias. Sin embargo, ambos países expulsan a los observadores internacionales de la OEA y acuden a la teoría del complot para responder a cualquier crítica, dejando al organismo sin capacidad de actuar.
Esta semana, en la reunión de Lima, la corrupción pública sería un tema relevante, pero pasó casi inadvertido. El llamado de Alan García a discutir con urgencia sobre la supuesta carrera armamentista, tampoco tuvo eco.
Al final, la situación de Honduras, que ni siquiera estaba en la agenda, terminó acaparando los debates. Si hacemos memoria, se trata de otro espacio en el cual la OEA no logró ser un actor relevante. De hecho, el golpe de estado ocurrió sólo un mes después de que el organismo celebrara su anterior Asamblea anual en San Pedro Sula (Honduras), inaugurada por el aún presidente Manuel Zelaya, bajo el lema “Hacia una cultura de la No Violencia”.
Si bien el golpe de estado fue rechazado con decisión y el respaldo de todos los miembros, la organización se mostró incapaz de manejar las negociaciones entre el depuesto Zelaya y el golpista Roberto Micheletti. El orden democrático se restauró, pero a través de un proceso fuertemente criticado por la OEA, donde ni siquiera pudo actuar como observador de las elecciones. Ahora, Canadá, Estados Unidos y casi todos los países de Centroamérica (salvo Nicaragua), reconocen al actual gobierno de Porfirio Lobo, pero otros gobiernos, especialmente los integrantes del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), consideran viciadas las elecciones pues acusan que se llevaron a cabo en medio de una ruptura del orden constitucional.
¿Qué decidió la actual Asamblea? Que se conformará una comisión de “alto nivel” para evaluar el posible retorno, pero el documento es en realidad tan vago que no satisface a ninguna posición. En resumen, en medio de un continente crecientemente polarizado resulta difícil que un organismo multilateral se levante como un actor relevante en la solución de nuestros problemas y conflictos. La OEA debe actuar por consenso y su liderazgo está limitado estrictamente por el respeto a la soberanía de cada uno de los países miembros.
El documento que los 33 países miembros acaban de firmar los compromete a respetar el derecho internacional en la solución de controversias y a profundizar la cooperación regional. ¿Qué significa eso en la práctica? A la luz de la realidad, poco o nada. Los países -o sus gobiernos- seguirán actuando exactamente igual como lo han hecho siempre. La OEA sólo levantará la voz si alguna acción gubernamental es demasiado contraria al orden democrático y al respeto de los Derechos Humanos. Pero si eso sucede, el infractor simplemente se hará el sordo y no habrá nada que hacer.
En un año más, para la próxima Asamblea General, seguramente constataremos que ocurrieron nuevas injusticias y contradicciones, mientras este organismo se quedó tal cual, con los brazos cruzados… o quizá atados. No lo tengo claro. El punto es que todo indica que se mantendrá como un mero espectador.