El control de los medios de comunicación en Venezuela nuevamente se toma las
 portadas de la prensa regional. La suspensión de la señal de seis canales de
televisión  por cable se basa en el supuesto incumplimiento de la llamada “Ley Resorte”, que obliga a los canales nacionales a transmitir todas las cadenas del gobierno de Hugo Chávez.

Sin embargo, los canales afectados alegan ser señales internacionales, una categoría en la que entran al tener sobre un 70% de su programación con contenido extranjero y que los exime de estas exigencias. Detrás de la sanción, acusan los analistas, estaría la decisión del Presidente venezolano de eliminar poco a poco todo espacio de comunicación que pudiera cuestionar su controversial manejo político.

Entre los canales suspendidos está Radio Caracas Televisión, el principal
medio opositor al gobierno de Hugo Chávez, el cual perdió en 2007 la autorización para emitir en  señal abierta y desde entonces sólo transmitía por cable. También está TVN Chile, cuyas transmisiones serán restituidas luego que el canal, aún dependiente del gobierno de Michel Bachelet, apelara a la decisión. La sanción, al parecer, fue un mensaje al próximo gobierno de Sebastián Piñera. Los otros canales son América TV, American Network, Ritmo Son y Momentum.

La medida encontró un rechazo extendido, que abarca a autoridades de gobierno de diferentes países y de organismos internacionales. La Unión de Partidos Latinoamericanos emitió un comunicado en el cual ofrece un “enérgico rechazo a las medidas atentatorias contra la libertad de expresión llevadas a cabo por el gobierno venezolano. La suspensión de los canales de televisión vulnera gravemente la libertad de prensa, uno de los pilares más importantes de la democracia, ya que permite la fiscalización de sus autoridades”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también respaldó a los canales afectados y declaró que esto vulnera las garantías constitucionales, ya que los canales cerrados no tuvieron la oportunidad de defenderse ante una autoridad imparcial.

Lejos de atender a las críticas, el gobierno de Chávez ha defendido con fuerza su decisión. Diosdado Cabello, ministro de OO.PP. y director de la Conatel venezolana (uno de los hombres más influyentes en el gabinete), afirmó que Venezuela tiene derecho a exigir mayor “reciprocidad” a otros países al permitir la transmisión de canales extranjeros. En particular, cuestionó que en EE.UU. no sea transmitido el canal de Chávez: “los gringos, como siempre, están preocupados, pero ¿por qué no dejan que Telesur salga en EE.UU.? ¿Quién censura a quién?”. Respecto de Chile, afirmó que “La derecha chilena salió diciendo que debe ser restituido TV Chile. ¿Por qué Telesur sólo se ve por DirectTV en Chile y no le dejan que salga por las otras empresas de cable?”. Finalmente, las críticas cayeron sobre el Presidente de Francia, quien había lamentado el cierre de RCTV. Nicolás Sarkozy fue acusado por Chávez de “inmiscuirse en asuntos internos” y amenazó que revisará las relaciones con su nación.

Algunos artículos para profundizar la noticia: 

Chávez sacó del aire a Radio Caracas por no transmitir la cadena nacional, Clarín, Argentina. 

Venezuela: un muerto en las protestas por el cierre de un canal de televisión opositor, La Nación, Argentina. 

Protestas y críticas en Venezuela por el acoso a los medios, La Nación, Argentina. 

RCTV: el final de Chávez , por Hugo Santaromita, El Universal, Venezuela 

El Gobierno confirma un segundo estudiante muerto en las manifestaciones en Venezuela, El País, España. 

OEA mediaría entre Caracas y los canales, La Nación, Chile. 

Piden a Bachelet reaccionar ante medida contra medios en Venezuela, La Tercera, Chile  

EEUU pide que cese la intimidación a los medios en Venezuela, La Nación, Chile 
 
Chávez amordaza, Editorial El País.es  

Caracas acentúa su política de silenciamiento de los medios informativos críticos, El País, España  
 
Chávez versus Chile, por Cristian Leyton Salas. La Tercera, Chile 

Malas noticias: Cierre de medios, por Cristian Cabalin, La Tercera, Chile   

Aunque el presidente Hugo Chávez se niega a reconocer su responsabilidad frente a una crisis económica que se agudiza en Venezuela, en menos de una semana su gobierno realizó dos explosivos anuncios que ya no sólo critican sus adversarios políticos, sino que gran parte de los analistas económicos de la región.

Comenzando el año, el viernes 8 de enero, fue decretada una devaluación por la cual el dólar dejó  de cotizarse a 2,15 bolívares y pasó a un cambio dual de 4,30 general y 2,60 para bienes de primera necesidad. Así, las transacciones relacionadas con salud, alimentación, útiles escolares, ciencia y tecnología, se encarecerían sólo un 17%, mientras el resto de los rubros deberían enfrentar un alza de precios del 100%. 

La gracia de este cambio dual, según Chávez, es que le permitiría afectar únicamente el precio del dólar y potenciar las exportaciones, sin impactar en el bolsillo popular: Pero un hombre, por poderoso que sea, no puede manejar las fuerzas de la economía a su voluntad y Venezuela importa cerca del 80% de los productos que consume; la pérdida de valor del bolívar subirá irremediablemente el precio de todos los productos. La prueba central es la realidad. Ésta es la cuarta operación de ajuste del tipo de cambio que realiza su gobierno desde que impuso el control de cambios, en febrero del 2003. Desde entonces, la principal consecuencia del control del precio de la divisa ha sido el nacimiento de un mercado negro que crece y se consolida. Según un Editorial del diario El País.es, “Venezuela es ya el único país del mundo en el que operarán tres tipos de cambio: el que se aplica a alimentos y otros productos de primera necesidad (2,6 bolívares por dólar); el general (4,3) y el del mercado negro (6,20)”.

Pero los problemas económicos no explotan únicamente a través del dólar. Este 12 de enero fue anunciado un plan de racionamiento energético que ya todos esperaban. El país sufriría cortes de electricidad de cuatro horas cada dos días. Sin embargo, la indignación popular pudo más y, rápidamente, el Presidente reculó. Tras despedir a su ministro de Energía Eléctrica, suspendió el plan de recorte, al menos en Caracas. El problema es que el déficit energético, que alcanza un 12%, se mantiene, y hoy se necesitan inversiones por al menos US$ 18 mil millones hasta 2014 para solucionar la crisis desde su raíz.

Los análisis políticos y económicos hoy apuntan a Hugo Chávez como responsable de los problemas señalados. Con una política económica cortoplacista, un gasto público desatado y una permanente campaña –nacional e internacional- de culto a su persona, se han dilapidado los recursos y ahuyentado a la inversión privada. 

Durante sus once años de gobierno, el precio del petróleo se ha multiplicado por ocho y se han recaudado unos US$ 900 mil millones de dólares, con los cuales Venezuela pudo transformarse en la potencia industrial de la región. Sin embargo, el panorama es muy distinto. La inflación llegó al  30,9% en 2008 y a 25,1% el año que recién pasó. Lejos de lograr la prometida independencia económica, hoy Venezuela se juega la vida en el precio de un solo producto: el petróleo, que constituye el 94% de las exportaciones del país. 

Con la billetera reducida, debido a la caída en el precio del combustible, Hugo Chávez enfrenta un año electoral en una posición debilitada. El “ajuste cambiario” (como llama el gobierno a la devaluación), permitirá aumentar al doble las ganancias del estado a través de la venta de petróleo. Pero sin otras medidas económicas, es difícil que la medida le dé un respiro a largo plazo. 

*A continuación recomendamos algunas columnas y reportajes de la prensa extranjera.

El bolívar pierde el 90% de su valor en los 11 años de Chávez, El País.com

Brutal e insuficiente,  editorial El País.com

Capitalismo salvaje bolivariano,  Marcelo Cantelmi, editor internacional diario Clarín

Devaluación del bolívar, medida correcta: FMI, El Economista.com.mx

Inquietud y ola de críticas por la megadevaluación en Venezuela, Clarín.com

Gobierno cierra 70 comercios en Venezuela, Nuevo Herald.com
 

El 2010 comienza con el pie izquierdo para Cristina Fernández, a quien se le acusa de desatar una nueva crisis institucional en Argentina tras el polémico descabezamiento de su Banco Central.

En el núcleo de la polémica están dos “decretos de necesidad y urgencia” (DNU) emanados del Ejecutivo. A través del primero, Fernández ordenó el uso de US$ 6.569 millones de reservas del Banco Central para pagar vencimientos de deuda externa, una medida que la oposición –tanto de izquierda como derecha- se apresuró a rechazar. Los argumentos llegaron de distintos flancos: unos se resistieron al uso de estos recursos para cumplir compromisos externos, otros cuestionaron el continuo aumento del gasto público, todos se opusieron a violar la autonomía de la entidad monetaria. En cualquier caso, la oposición más significativa fue la del mismo titular del Central, Martín Redrado, quien públicamente se negó a cumplir la demanda presidencial.

El segundo decreto fue la consecuencia del tira y afloja entre la Presidenta y Redrado. Ella le pidió la renuncia pero él se negó. Para zanjar el asunto -y tras reunir a todos sus ministros para reforzar su poder- Cristina Fernández lanzó un nuevo DNU, por el cual expulsó de su cargo a Redrado debido a su “mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Recuerdos del Futuro

Si había alguna duda sobre cómo gobernará Cristina en el futuro, la remoción de Martín Redrado ha sido una muestra contundente.
El decreto presidencial, refrendado por todos los ministros para mostrar fuerza y homogeneidad, da un golpe de mano en el Banco Central ignorando al Congreso, que está en receso por decisión del oficialismo.

Atrás quedaron los días de la orgullosa “calidad institucional” ejemplificada en los escasos DNU que había firmado durante su gestión. Las formas ya han quedado hace mucho tiempo atrás y, de verdad, nunca importaron demasiado en el universo de la política fáctica.
El hecho de ayer es revelador de una conducta y de una decisión de sobrepasar límites que es temeraria, pero no sorprendente. Ya hubo varios avisos sobre esta estrategia de poder que se exacerba cuando encuentra resistencias a decisiones controvertidas como ésta.

El fondo de la cuestión es mucho más simple que los pomposos títulos con los que intentan disimular sus acciones: necesidad de caja, sostén principal de la táctica de Kirchner.
Es decir la liberación de fondos asignados en el presupuesto al pago de la deuda para usarlos en la política interna. Así, Kirchner dispone, en una época de escasez, de dinero para seguir aplicando su método disciplinario en el peronismo y en el sindicalismo.

El riesgo de embargo de los fondos que pasen por la Reserva de Nueva York por los fondos buitres es concreto. La Presidenta ha sido advertida de esta posibilidad, aunque prefirió ignorarla.
La ignorancia del Congreso, en este contexto, puede combinarse con la de la Justicia, si es que los amparos presentados por la oposición, por un lado, y por Redrado, por el otro, son aceptados.

Otras Columnas:

El dilema de los Kirchner: cómo gobernar sin plata y sin mayorías, por Walter Curia, Clarín

 Kirchnerismo explícito, por Carlos Pagni, La Nación