(Sergio Molina M).- No debe haber otro político exitoso en la región del que se puedan contar tantas anécdotas e historias trágicas y cómicas como de José Mujica, el uruguayo triunfador en la primera vuelta electoral de su país por el Frente Amplio, un veterano militante de izquierda, encarcelado y torturado por sus ideas radicales y plenamente reconvertido a la democracia. Tampoco debe haber otro que haya intentado con más énfasis y suerte variopinta, hacer de sus debilidades fortalezas para la contienda, en un particular jiu-jitsu que es causa constante de dolor de cabeza para todos sus asesores; lo que le permitió ganar en la interna de su partido y ahora en las elecciones, pero que en algún momento hicieron temer hasta por su suerte (sobre todo por sus declaraciones explosivas, las que tuvo que enmendar haciéndose dueño de su silencio). Es cierto que no le alcanzaron los votos para imponerse con mayoría absoluta, pero difícilmente ocurrirá una sorpresa en el balotaje  del próximo 29 de noviembre.

Ahora bien, una pregunta que se ha hecho constantemente apunta a si su posible victoria significará una nueva reconfiguración de fuerzas en el actual escenario internacional, esto es, si Uruguay se transformará en otro país que adhiera al proyecto chavista, o mantendrá como su modelo al Brasil de Lula.

Las particularidades del Frente Amplio, su reconversión y la cultura cívica uruguaya convierten en improbable —sobre todo cinco años después del triunfo de Tabaré Vásquez— esa transformación. Tabaré proviene de la misma fuerza política que Mujica, asumió con su país deteriorado y apenas sobreviviente de la crisis de entonces, y hoy lo entrega como nunca, con la popularidad por los cielos. Hoy sabemos que Uruguay, gracias a él, es uno de los países que mejor ha entendido la alquimia virtuosa del estatismo y la inversión privada permitiendo, entre muchas otras cosas, que el ingreso per capita duplique el promedio regional, creciendo un tercio desde 2004. Hereda a su sucesor, eso sí, un grave conflicto con Argentina que hoy se discute hasta en La Haya, y muchos analistas pronostican que no cambiará hasta que haya nuevos gobiernos en ambos países.

Mujica representa de forma diáfana continuidad, cierto, pero también las contradicciones de la izquierda uruguaya, quizá el motivo por el cual no logró el sueño de ganar en primera vuelta; a la vez es el mejor ejemplo de lo que puede hacer una fuerza progresista si reenfoca sus viejas demandas e interpreta los nuevos desafíos que se le presentan (está vez en democracia y globalizados).

Curiosamente, también expresa el consenso y la transversalidad que han sido el secreto del éxito de la política uruguaya, y que va mucho más allá del Frente Amplio. De forma que, aún si gana la derecha, difícilmente se discontinuarían las políticas de apertura, desarrollo y educación que hoy convierten a Uruguay en un país pionero en el mundo, que entrega un computador a todos los estudiantes de colegios públicos (que representan la inmensa mayoría), lo cual sólo es posible por sus dimensiones y por la solidez de su sistema educativo. De nuevo, jiu-jitsu tecnológico convirtiendo una debilidad en fortaleza.

Mujica no es Morales, ni la institucionalidad o la participación política uruguaya pueden ser comparadas con la venezolana. Quienes buscan identificar su posible triunfo con la caída de un fruto más en la cesta chavista, están confundiendo peras con manzanas. Como escribía un periodista argentino ayer, resignado y alegre ante el éxito sostenido de su pequeño vecino: “da envidia Uruguay”.

(Publicado en La Tercera el 28 de octubre dce 2009)

Publicado en el periódico boliviano La Razón (www.la-razon.com)

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La segunda vuelta electoral del próximo 29 de noviembre en Uruguay entre José Mujica del Frente Amplio (48,16%) y Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional (28,94%), ha abierto un fuerte debate en ese país, ello a pesar de que pocos duda de que el vencedor en el repechaje será Mujica.

Sostienen algunos que se trata de una derrota de “la izquierda jurásica uruguaya… de las perimidas ideologías que alimentan al frenteamplismo”, como afirma un editorial de El País de Montevideo (http://www.elpais.com.uy). Y hasta el semanario de izquierda Brecha (http://www.brecha.com.uy) con el título “al repechaje” sostiene que “el FA (Frente Amplio) cosechó algo parecido a una derrota al no ganar en primera vuelta. Sin embargo eso no fue capitalizado por los blancos, que descendieron en votos respecto a las elecciones pasadas. El bloque progresista y el conservador, como en una disputa de trincheras, se mantienen más o menos en los mismos porcentajes del pasado”.

Ni tan tan, ni muy muy

Sin embargo, para otros analistas, las críticas a la izquierda uruguaya parecen excesivas. Si bien no tuvo mayoría absoluta como la elección pasada en la que Tabaré Vásquez logró el 50,45% de los votos, el Frente Amplio mantiene la mayoría en el Senado y posiblemente en la Cámara de Diputados (aunque aún hay dudas al respecto), y es poco probable que pierda en el repechaje.

Los periodistas M.F. Boidi y R. Queirolo sostienen que “en términos de resultados… el porcentaje de votos obtenido por el FA también marca la ruptura de un patrón de crecimiento sostenido que se registraba desde 1971: por primera vez desde la fundación del partido, obtiene menos votos que en la elección anterior. El Partido Nacional (PN) recibió el 28,94% de las adhesiones, lo que marca una caída respecto a su desempeño en las elecciones pasadas, cuando se alzó con el 34,30% de los votos”… Según la mayoría de los analistas, los colorados resultaron los grandes ganadores de la noche del 25, creciendo en su caudal electoral del 10,36% obtenido en las pasadas elecciones de 2004 al 16,9% en estas. Si bien esta recuperación es un éxito en comparación con lo vivido 5 años atrás, lejos está la cifra de los valores tradicionalmente obtenidos por el Partido Colorado (PC) en las últimas décadas, siempre superior al 30%”.

 El Uruguay que puede heredar Mujica

 Muchos afirman que José Mujica no pudo acaparar el fuerte respaldo que tiene el Presidente saliente Tabaré Vásquez que milita en las mismas filas políticas que él, y que se retira con un apoyo superior al 60% de la población y orgulloso por dejar un país muy diferente al de hace 5 años, cuando llegó a la presidencia.

El periodista Claudio Aliscioni de Clarín (www.clarin.com.ar) sostiene que “en aquel momento, la crisis bancaria del 2001-2002 había secado la economía y el país apenas comenzaba a respirar. Pero ahora la fe en el futuro se percibe en el aire, apoyada en la convicción íntima y en la realidad inexorable de los números. La pobreza, la indigencia y la inflación han bajado; el PBI creció el 30% en cinco años, el mejor registro en décadas; las exportaciones subieron un 31,8% desde 2008; la demanda de bonos uruguayos fue cinco veces superior a lo ofrecido; las reservas son las más altas de la historia; la deuda pública cayó del 53% al 38% del PBI; el ingreso per capita (US$ 8181) duplica el promedio regional y creció un tercio desde 2004.

Quiza por todo eso, Aliscioni también afirma “Da envidia Uruguay. Tiene una clase política que sabe lo que quiere; una burguesía que conoce adónde va; y un pueblo de notable cultura cívica que ha articulado un proyecto común de nación y lo defiende con hidalguía. El balotaje es un ejemplo. Mientras algunos países de la región erosionan su calidad institucional con liderazgos cuasifascistas y degradan la voluntad ciudadana con el manoseo de las leyes y polémicas reformas constitucionales, Uruguay apuesta al consenso y surge en silencio como el país que nos enseña cómo se hacen las cosas”.

Con esta columna damos la bienvenida a Miguel M. Benito Lázaro como colaborador de Sudamérica XXI.

La gestión por parte de la comunidad internacional -y específicamente la Organización de Estados Americanos (OEA)- de la crisis generada en Honduras por la interrupción del orden institucional, ha devenido en un círculo vicioso que, lejos de facilitar el encuentro, está dificultando reestablecer la legalidad de un modo aceptable para todas las partes. Es imperativo actuar para evitar que el país centroamericano quede en el limbo, convertido en una anomalía, sin reconocimiento internacional y con una fractura interna que sólo puede crecer si se mantiene la presente polarización. En definitiva, se trata de evitar que se haga buena la frase que dice que “lo que  mal empieza, mal acaba”. Para impedirlo hay que mirar al futuro con responsabilidad, como ha indicado Oscar Arias.

Por Miguel M. Benito Lázaro.- 

Resumen de los hechos

Junio/2009 – El proyecto de referéndum

 La sucesión de acontecimientos que ha conducido a Honduras a ser el centro de una crisis en la que han confluido tensiones internas y rivalidades internacionales, empezó con el empeño del presidente Zelaya de forzar su posible reelección contraviniendo los pronunciamientos de las demás instituciones del Estado. Este hecho, que dado el tamaño del país Centroamericano pasó desapercibido, suponía un desafío a la legalidad vigente en Honduras y activó los mecanismos de control del Poder Ejecutivo con los que cuentan el Legislativo y el Judicial. Zelaya estaba forzando, el sistema político y el orden constitucional (en concreto el artículo 374 de la Carta Magna), sin percibir que se ponía en marcha el sistema de equilibrios, efectivo, que debe existir en cualquier sistema político democrático. La existencia de ese equilibrio de  poderes, salvaguarda del sistema político y jurídico, es una buena noticia para buscar las vías hacia la solución, puesto que demuestra que hay un grupo de personalidades e instituciones cuyo mayor interés consiste en velar, no en intereses partidarios, sino por el respeto a las normas que los hondureños libremente se han otorgado.

 La comunidad internacional, poco pudo hacer para prevenir el estallido de la crisis y, como bien se ha apuntado en el seno de la OEA, la Organización carece de mecanismos y/o mandatos claros para vigilar que los procesos políticos internos de los distintos miembros se atengan al más escrupuloso respeto de los principios y valores consignados en los ordenamientos legales internos y en la Carta Interamericana.

 28/Junio/2009 – Manuel Zelaya depuesto

 Sin duda, el segundo error grave, fue el que detonó la crisis: la expulsión del Presidente Zelaya del país, tras la irrupción en mitad de la noche de miembros de las Fuerzas Armadas en el Palacio Presidencial. Al mismo tiempo, representantes de otras ramas de los poderes públicos hondureños daban el visto bueno a instauración de un gobierno provisional encabezado por Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Congreso.

 Este modo de proceder, ajeno a cualquier normatividad, por parte de aquellos que argumentaron ser garantes de la legalidad vigente, les arrebató desde el principio esa supuesta condición, junto con cualquier  atisbo de legitimidad. De haber actuado de acuerdo a Derecho, el presidente Zelaya debería haber sido entregado al sistema legal hondureño, encargado de establecer los procedimientos a seguir.

 Al incumplir el deber ser, rompió el gobierno de facto su propia justificación: el respeto a la legalidad hondureña. Y al perder su única justificación, quedó sin defensa alguna ante las instancias internacionales. Este error ha sido reconocido posteriormente incluso por el propio presidente de facto Roberto Micheletti.

 La legitimidad quebrada en origen, no podía –ni debía- ser restaurada por los organismos internacionales o la comunidad internacional de naciones. En Latinoamérica, las noticias de Honduras, despertaron viejos fantasmas, que junto a presiones de los gobiernos más cercanos a Zelaya, abocaron a la OEA a la única decisión posible –adoptada quizá de manera precipitada-: no reconocer al gobierno de facto y, posteriormente, excluir a Honduras del foro interamericano. La OEA debería haber jugado más con los tiempos, dilatado sus procesos internos antes de tomar resoluciones tan categóricas como las que tomó. En cierto sentido, la precipitación de la OEA resquebrajó los mecanismos de solución política interna y enrocó a las partes en sus posiciones.

 Como he señalado, la decisión, por precipitada, ha dificultado la intervención de la misma OEA en la búsqueda de un acuerdo negociado que pusiera fin a la crisis, porque:

 Pareció justificar las actuaciones precedentes de Gabriel Zelaya, y por tanto, que la OEA se situaba del lado del presidente depuesto y validaba sus aspiraciones de mantenerse en el poder.

1. Al ser incapaz de revertir esa percepción, la OEA se marginó a si misma como posible mediador de un acuerdo político interno e impulsor del diálogo en el seno de la sociedad hondureña.
2. La actuación de la OEA en la crisis de Honduras está muy lastrada por las negociaciones que en San Pedro Sula sobre la futura relación de Cuba con el sistema interamericano. El respeto a la Democracia y los Derechos Humanos, soslayados en la Asamblea General para poder alcanzar un acuerdo, no podía ser esgrimida como regla de fuego que justificase la pronta y contundente reacción en el caso hondureño. Sin poder esgrimir un principio rector claro en su actuación, la OEA simplemente ha parecido deslizarse por la estela que marcaban los países del ALBA. La Organización, para amplios sectores de opinión, ha aparecido como un instrumento más de la diplomacia bolivariana. Percepción alimentada en Honduras por el gobierno de facto.

 En ese contexto, diversos países retiraron sus embajadores del país y declararon no reconocer al nuevo gobierno.

 07/Julio/2009 – Oscar Arias, mediador

 Ese fracaso de la OEA para crear puentes de entendimiento profundizó las divisiones dentro del pequeño Estado centroamericano y, dejó un único mediador con autoridad para forzar algún entendimiento entre el gobierno de facto y Zelaya: Estados Unidos. La actitud equidistante de la superpotencia, atrapada por la indefinición de la política latinoamericana de la Administración Obama, condenando el golpe y al mismo tiempo al gobierno de Zelaya,  si bien le ganó las críticas de los sectores de la derecha estadounidense y de la izquierda latinoamericana, abrió la puerta a Hillary Clinton para conducir los esfuerzos hacia algún acuerdo, puerta que quedaba cerrada para la OEA por las radicales declaraciones de los presidentes de Venezuela y Nicaragua.

 Hábilmente Clinton, sin contar con la OEA ni con su Secretario General, obligó a Micheletti y Zelaya a aceptar la mediación de Oscar Arias, figura  de prestigio internacional, aunque muy criticada y por los presidentes del ALBA. De este modo, Estados Unidos emergió como el actor más constructivo en la búsqueda de una solución pronta y pacífica de la crisis, sin exponerse directamente.

 La animadversión que los dirigentes del ALBA tienen hacia el costarricense ha supuesto una dificultad en sus labores porque aquellos, lejos de ayudar a encontrar una solución constructiva, han  persuadido a Zelaya para mantener posiciones maximalistas y han brindado una excusa perfecta al gobierno de Micheletti para presentarse como adalid de los hondureños frente a agresiones de algunos gobiernos extranjeros con pretensión de injerir en sus asuntos y que, incluso, han amenazado con el uso de la fuerza.

 26/Julio/2009 – Zelaya acampa en la frontera

Bloqueado el Acuerdo de San José, sin otras opciones en la mesa y sin gestos que alimentasen la esperanza de una pronta solución, todo parecía quedar a expensas del proceso electoral iniciado hace escasa fechas. Zelaya, dando por concluida las negociaciones decidió acampar en la frontera de Nicaragua con Honduras, haciendo visible su intención de reingresar al país, con o sin acuerdo, con o sin apoyo internacional –aunque siempre contando con el respaldo de Chávez, Ortega y otros presidentes de la región-. Al campamento de Zelaya se fueron desplazando algunos seguidores, llegando a hablar el presidente depuesto de la posibilidad de formar una milicia con ellos. Declaraciones como ésta han alimentado la fractura social hondureña y los recelos sobre la posibilidad de llegar a una solución dentro del marco de las instituciones.

 02/09/2009- OEA decide no reconocer los comicios de noviembre

 Las presiones intensas de algunos gobiernos precipitaron un error que puede resultar catastrófico de cara al futuro: la OEA -y varios de sus Estados Miembros- decidieron no reconocer el resultado de las elecciones de noviembre, de las que saldrá el nuevo presidente hondureño.

 Se quebraba la aspiración de muchos de, soslayando los obstáculos para una resolución inmediata de la crisis, contar con mecanismo futuro que reinstaurase la institucionalidad rota.

 La posición de la OEA tiene difícil justificación y como recientemente ha señalado Jorge Castañeda, no se puede alegar que de un gobierno ilegítimo no puede salir una democracia legítima, porque eso implica problemas en el reconocimiento de la Transición española o del referéndum de Pinochet como base de democracias actuales legítimas e insertadas de manera destacada en el concierto internacional de naciones. Además, aceptar esta idea supondría un escollo para una posible evolución democrática de Cuba. Otro punto a favor de apoyar las elecciones hondureñas es que eran elecciones ya previstas antes de toda la crisis. Las fechas, los contendientes, las autoridades electorales, etc. son aquellos que estaban previstos con anterioridad, lo que prueba que el gobierno de facto no ha “cocinado” estas elecciones para situar en el Palacio Presidencial a un candidato determinando.

 21/09/2009 – Zelaya en Tegucigalpa

 Tras varios días que sólo auguraban la muerte lenta de la causa zelayista, el 21 de septiembre el depuesto presidente irrumpió en Tegucigalpa y se refugió en la embajada brasileña –sin que parezca que Brasil estuviese al tanto de este plan-. La tensión creció exponencialmente y se hicieron obligados los llamados a la calma en Honduras, temiendo algún tipo de estallido civil. Este retorno de Zelaya, auspiciado por distintos patrocinadores y cómplices, sólo puede ser calificado de inmaduro, imprudente y peligroso.

 Semejantes actitudes resaltan que el objetivo de Zelaya no es la solución pacífica sino verse de nuevo en el poder. En quienes así han obrado no hay intención alguna para ceder y comprometerse con la vía negociadora. Sólo desde esta perspectiva se puede comprender su acción, que puso en riesgo la estabilidad y la paz del país. Las pretensiones que Zelaya manifestó cuando estaba acampado en la frontera nicaragüense se materializaron de la manera más insospechada. 

 28/09/2009 – Suspensión de las garantías constitucionales

 La respuesta del gobierno de facto, como siempre antes, sólo ha empeorado las cosas. Ante las manifestaciones de apoyo que dentro del país estaba logrando Zelaya desde su regreso, el presidente Micheletti decretó la suspensión de garantías constitucionales –libertades de circulación, expresión, limitación a las reuniones públicas, etc.-, además del cierre de medios de comunicación que habían apoyado la reclamación zelayista, alegando incitación a la violencia.

 Para terminar de incrementar las tensiones el gobierno de Micheletti denegó el regreso de los embajadores que habían sido retirados por sus gobiernos y a los que se había dado orden de regresar a Tegucigalpa para impulsar una salida definitiva a la crisis y evitar una espiral de violencia incontrolada. También se negó el ingreso de una delegación de la OEA.

 La suspensión de garantías de nuevo nos lleva al quebrantamiento de un orden institucional y democrático que el gobierno de facto dice proteger. Semejante inconsistencia deja sin razón de ser todas las acciones, y la existencia misma, del gobierno de Roberto Micheletti.

 Conclusiones

 Los actores de está tragicomedia han quedado retratados.

 Zelaya –jaleado por sus aliados del ALBA- ha hecho todo lo posible para, desde posiciones maximalistas y confrontacionales, anular las posibilidades que han sido presentadas en distintas propuestas de acercamiento, especialmente el Acuerdo de San José. Si Zelaya ha ofrecido la imagen de un hombre únicamente movido por su ambición, sus aliados han irrumpido en esta crisis con una retórica guerrerista y trasladando al pequeño país de Centroamérica otras pugnas que se desarrollan en el Hemisferio.

 El gobierno de facto, que diciendo defender el régimen legal vigente, ha hecho todo lo que ha podido por quebrantarlo, tampoco se ha comprometido sinceramente con el proceso negociador y simplemente ha buscado que el tiempo trajese, por la vía de los hechos consumados, un nuevo gobierno.

 La OEA, con José Miguel Insulza a la cabeza, ha sido incapaz de crear el clima de confianza para representar una mediación creíble. Carente de margen de maniobra y de alternativas, la organización  ha acabado relegada al papel de apéndice de la diplomacia del ALBA, generadora de más tensiones de las que alivia, sin facilitar el entendimiento político entre los hondureños. Además la actuación del organismo internacional ha sido inconsistente e incoherente con sus actuaciones previas y, de algún modo, con sus principios.

 El, más supuesto que efectivo, liderazgo regional de Brasil ha volado por los aires. La escasa voluntad para ser un factor relevante en la superación de la crisis por parte del gobierno de Lula da Silva así como su incapacidad para adoptar una postura clara, demuestran que Brasil ahora mismo tiene la magnitud para ser líder pero no tiene la voluntad política. Lula no parece dispuesto a asumir el coste del liderazgo, a saber: no siempre puede contentar a todos y a veces tendrá que contrariar a algunos. La repentina irrupción de Zelaya en la embajada brasileña de Tegucigalpa ha sido un nuevo balde de agua fría a los que confiaban en Brasil como factor de orden y sensatez.

 El gobierno de Barack Obama, si bien ha intentado buscar campos de acuerdo, aún no ha articulado una política clara para las Américas y ha ido dando bandazos. Además ha evitado implicarse profundamente, en primer lugar porque otros escenarios concentran sus mayores esfuerzos y, segundo, porque era evidente que asumir un rol director en este contexto dejaba al gobierno norteamericano expuesto a las críticas de los gobiernos del ALBA, dispuestos a usar cualquier pretexto o fallo para culparle de todo lo acontecido. Por otra parte, el propio ejecutivo estadounidense ha sido tibio en algunos momentos con su condena del Golpe de Estado, poco inclinado a reinstaurar en el poder a un gobierno afecto al movimiento bolivariano, lo que ha alimentado de algún modo las esperanzas del gobierno de facto de lograr sus objetivos. A pesar de sus inconsistencias, Estados Unidos ha sido el único actor capaz de sentar a negociar a las partes en una misma mesa.

 Una sucesión de acontecimientos como la anteriormente expuesta, sólo puede dejarnos temerosos, porque pareciera que la crisis de Honduras sólo puede tener un mal final.

 Apuntando soluciones para el futuro

 Todos los actores, con sus errores, han conducido al pequeño país al borde de una fractura civil gravísima, haciendo gala de una irresponsabilidad inaceptable. Quizá sea el momento de escuchar lo que los hondureños tienen que decir.

 En este panorama tan desalentador, con tanta descoordinación entre la comunidad internacional, e incluso con desinterés de algunos de sus miembros por encontrar una resolución pacífica y sostenible de cara al futuro, se pueden entrever vías para recomponer la institucionalidad en Honduras. Vías que pasan por el respeto a las instituciones, por la voluntad popular y por el futuro, encarnados en el proceso electoral que ha empezado.

 Micheletti y Arias, con sus actos, han demostrado no ser interlocutores responsables y constructivos para la resolución de la crisis de su país. Por tanto hay que buscar otros. Micheletti y Zelaya son obstáculos y como tal deben ser tratados. Quizá la búsqueda de otros actores, por el temor de verse fuera de la decisión final, les anime a reconsiderar su posición.

 Esos actores alternativos se encuentran en todas aquellas instancias comprometidas con el respeto a las leyes hondureñas que, en su día consideraron que el gobierno de Zelaya estaba incurriendo en graves faltas contra su ordenamiento legal y que ahora deben estar muy preocupados con la polarización que el gobierno de Micheletti está alimentando. Es necesario que vuelvan a implicarse en el proceso político interno y manifiesten que el deterioro de la situación política del país es el deterioro de la legitimidad del gobierno de facto. 

 Y, sobre todos, los interlocutores que pueden ayudar a encontrar una solución de cara al futuro son los actuales candidatos a la presidencia del país, pues ellos son los primeros interesados en validar el actual proceso electoral.

 Tras anunciar que el nuevo gobierno no sería reconocido, la comunidad internacional tiene un poderoso elemento para negociar, pues tiene algo que ofrecer: restañar el reconocimiento y la legitimidad malbaratados durante estos últimos meses.

 Y los aspirantes a presidente, a cambio, deben buscar tierra común para todos los hondureños, sin que ninguno se sienta excluido del proceso político en curso, y deben plantear mecanismos para aceptar alguna forma de restitución –así sea de orden estrictamente moral y/o simbólica- al presidente depuesto Zelaya –si debe seguir proceso sancionatorio interno posteriormente es asunto que sólo compete al poder judicial y en el que los candidatos, en virtud de la separación de poderes no tienen nada que declarar- y condenar al gobierno de Micheletti y a aquellos que participaron en la expulsión del presidente de manera irregular al inicio de esta crisis. Esta condena debe moverse en el plano de las declaraciones porque, de nuevo insistimos, la salida de la crisis pasa por reforzar las instituciones y la legalidad, y por ello corresponde a los tribunales de justicia los que determinen sobre el asunto particular.

 Por tanto, los candidatos, junto con todos aquellos que desde los órganos del gobierno creen en el orden institucional consagrado en la Constitución hondureña, representan la mejor esperanza para dar una salida a la crisis. Sería capital contar con estos actores como interlocutores comprometidos con un desenlace positivo de la crisis. Corresponde a la OEA iniciar los contactos con ellos y comprobar su verdadera disposición al diálogo.

 Por último, como ya dijo el Representante Permanente de Colombia en su primera sesión como Presidente del Consejo Permanente de la OEA no hay que trasladar a Honduras otras peleas que pueden convertir al pequeño país en un terrible ejemplo de la ausencia de voluntad de los gobiernos de la región para llegar a acuerdos que garanticen la paz y la estabilidad de las Américas. Los hondureños no merecen eso. Ya ha habido demasiados errores y actos malintencionados en la gestión de esta crisis. Es tiempo de evitar daños permanentes para Honduras y para América Latina.

Una síntesis sobre la Ley de Medios en la Argentina. La posición oficial del gobierno y las posturas críticas encabezadas por el grupo Clarín.

¿Es todo tan malo o tan bueno como dicen algunos?

Descargar:

Ley de Medios Argentina

De Videla a los Kirchner, la historia de la ley de radiodifusión

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1184001

Posición oficial del gobierno:

http://www.argentina.ar/hablemostodos/

Posiciones críticas:

Clarín:

http://www.clarin.com/diario/2009/10/11/elpais/p-02016407.htm

http://www.clarin.com/diario/2009/10/10/um/m-02016160.htm

El análisis de los columnistas de Clarín:

http://www.clarin.com/diario/2009/10/11/opinion/o-02016461.htm

http://www.clarin.com/diario/2009/10/10/elpais/p-02015970.htm

La Nación:

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1184392

El análisis de los columnistas de La Nación

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1184385

SIP:

http://www.sipiapa.org/espanol/espanol.cfm

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Portal del gobierno: Nueva Ley de Medios, punto por punto

Una síntesis con los términos más sobresalientes de la nueva normativa de servicios de comunicación audiovisual para entender de qué se trata y las mejoras que introduce al sistema vigente.

 1) Democratización y universalización

La regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia tienen como fines el abaratamiento, la democratización y la universalización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

2) Servicios de interés público

Se considera a la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes una actividad social de interés público, de carácter esencial para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones sin ningún tipo de censura.

3) Órganos colegiados

Se crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, un órgano autárquico y descentralizado, que tiene como función la aplicación, la interpretación y el cumplimiento de la ley. Su directorio estará conformado por un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo, tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, correspondiendo uno a la primera minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercera minoría parlamentarias; y dos directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. Existirá también un Consejo Federal cuyos miembros provinciales van a representar a los prestadores privados, a las emisoras universitarias, a los medios públicos y a los trabajadores de prensa.

4) Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

Se crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, un organismo encargado de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Será designado por resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras.

5) Abono Social

Los servicios de televisión por cable deberán disponer de un abono social. Esta disposición atiende a que, en ciertos sitios, el prestador de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso, es el único servicio que existe para mirar televisión. Se busca que todos los habitantes tengan acceso a los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual.  

6) Desmonopolización

Con el fin de impedir la formación de monopolios y oligopolios, el proyecto de ley pone límites a la concentración, fijando topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio. Un mismo concesionario sólo podrá tener una licencia de servicio de comunicación audiovisual sobre soporte satelital; hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable (la ley actual permite que una persona sea dueña de 24) y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción. A ningún operador se le permitirá que dé servicios a más del 35 por ciento del total de la población del país o de los abonados, en el caso que corresponda. Por otra parte, quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable en la misma localidad, y viceversa. También se impide que las compañías telefónicas brinden servicios de televisión por cable.

7) Titulares de las licencias

El proyecto establece que para ser titular de una licencia se ponderarán criterios de idoneidad y de arraigo en la actividad. Excluirá a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos de facto, atendiendo a la importancia de los medios en la construcción del Estado de Derecho y la vida democrática. Cuando el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.  

8). Participación de cooperativas

A diferencia de la ley vigente, se permite la participación de cooperativas, siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor.

9) Plazo de las licencias

La operación de los medios audiovisuales se hará, según la propuesta, por sistema de licencias y las mismas durarán diez años (hoy son por 15) y se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.

Al mismo tiempo esas licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías -la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, generando un nuevo modo de concentración.

10) Más contenidos nacionales

Los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional; con un mínimo del 30% de producción propia que incluya informativos locales.

Los servicios de televisión por cable no satelital deberán incluir como mínimo una señal de producción local propia. También deberán incluir en su grilla de señales originadas en países del MERCOSUR y en países latinoamericanos.

Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional. Quedarán eximidas emisoras dedicadas a colectividades extranjeras o temáticas.

11) Igualdad de oportunidades

Las emisiones de televisión abierta y la señal local de producción propia de los sistemas de cable deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos.  

12) Acceso universal para la transmisión de eventos deportivos

Se garantiza el derecho al acceso universal -a través de los servicios de comunicación audiovisual- a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad. Los partidos de fútbol y otros encuentros olímpicos que sean de interés para la Argentina se transmitirán por la televisión abierta de acceso libre.

13) Publicidad

Se regula el tiempo de emisión de publicidad con el objetivo de proteger al público contra un exceso de interrupciones publicitarias y promover un modelo de radio y televisión de calidad.  

14) Nuevas tecnologías y servicios

A diferencia de la ley anterior, la propuesta contempla el potencial impacto que provocaría la incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativas en la actualidad. Se procura un desarrollo armónico atendiendo a los espacios futuros a crearse por vía de los procesos de digitalización, en los que la pluralidad debe ser garantizada.

15) Radio y televisión estatales más participativos

Se crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, que reunirá a todos los servicios de radiodifusión sonora y televisiva que en este momento se encuentra bajo la órbita del Estado Nacional. El Directorio estará integrado por siete miembros, con un presidente y un director designado por el Poder Ejecutivo y tres directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por la tercera. Y se crea un Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos que garantiza mayor participación social.  

16) Medios Municipales y Provinciales

Se reserva para cada Estado Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una frecuencia AM, una FM y una de televisión abierta. Cada Estado Municipal tendrá reservada una frecuencia FM.

17) Más voces de la sociedad civil

Se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta.

18) Medios Universitarios y Educativos

Las Universidades Nacionales podrán ser titulares de autorizaciones para la instalación y explotación de servicios de radiodifusión. Deberán dedicar espacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación artística y cultural.

19) Televisión e infancia

Se prevé la creación de un Fondo de Fomento Concursable para la Producción de Programas de Televisión de Calidad para Niños, Niñas y Adolescentes que tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan producir más televisión y radio de carácter educativo, cultural e infantil.  

20) Cine nacional

Se establece, por primera vez, la fijación de una cuota de pantalla. Los canales de televisión abierta y de cable deberán exhibir de forma obligatoria y en estreno televisivo ocho películas nacionales por año. La ley actual no contempla ninguna normativa de promoción del cine nacional.

Vea encuesta de intención de voto 2011 en el Perú del Instituto de Opinión Pública (IOP), Universidad Cátólica del Perú.

Luis Castañeda se perfila como el candidato con más posibiliadades por el momento, por encima de Keiko Fujimori.

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(Sergio Molina).- Nadie duda de que en medio del borrascoso panorama regional, de la moda chillona del traje de fajina y el reequipamiento bélico o del estreno de la potencia brasileña en las grandes ligas mundiales, las señales de distensión y buena vecindad deben ser festejadas.

Por eso, aunque no sea una novedad, recordemos que hace largos tres años que Chile y Bolivia viven un intenso idilio, que continuará en diciembre próximo cuando Evo Morales arrase en las elecciones que lo tienen como único favorito y que, probablemente, ninguno de los candidatos chilenos en disputa se anime a romper sin tener que dar grandes explicaciones, sobre todo porque el tercer involucrado en esta relación de a dos —Perú—, seguirá siendo la principal preocupación internacional a este lado de la cordillera. En ese marco, el ejercicio militar que próximamente hará Chile y en el cual están invitados varios países, entre ellos Bolivia, no hace más que reafirmar todo lo dicho y nos obliga a dar parabienes a quienes lo imaginaron.

Pero en medio de tantas buenas noticias es preciso retornar al principio de realidad como ley ordenadora o, mejor, no debemos olvidar que el pan para hoy puede ser hambre para mañana, porque en un mundo hipermediatizado la política internacional también es cuestión de expectativas.

Y, en el caso de Bolivia, éstas han crecido sostenidamente y de forma desmesurada, alimentadas, cierto, por el propio Morales (quien, como todo político boliviano, cree que podrá resolver el diferendo entre ambos países, convirtiéndose en un héroe como los decimonónicos: así de importante es este asunto), y también —no seamos ingenuos— por la cancillería chilena, que aprovecha su larga experiencia en estas lides. Para ella este escenario es puro deseo: la buena vecindad ha permitido no sólo evitar la multilateralización o trilateralización del tema, sino también ha contribuido a distanciar a Bolivia de Perú (lo cual también ocurrió por razones ideológicas y personales, cierto, pero nadie se animaría a minimizar tamaña carambola).

Ahora bien, ya lo vimos con el preacuerdo por las aguas del Silala que debía ser el primer fruto de la relación: lo que ambas cancillerías anunciaron como un hecho, tuvo que ser disimulado y escondido bajo la alfombra. Fue tal el rechazo que hubo en Bolivia por el contenido del pacto, que el mismo Morales tuvo que emplearse a fondo para evitar un papelón y lograr el respaldo de sus descamisados.

Lamentablemente, las historias de amor no son democráticas y, cuando se rompen, siempre uno sufre más que el otro; además, en el largo plazo son pocas las que subsisten a puro sentimiento y, en relaciones internacionales, ninguna.

En resumen, mi tesis es que las sobreexpectativas que se están construyendo en Bolivia, no podrán ser satisfechas por razones estructurales, lo cual generará un conflicto mucho mayor en el largo plazo y, además, el retorno de Bolivia a su alianza histórica con el Perú (pero entonces no seremos los mismos ni lo que tienen que perder los tres países en materia de prestigio y poder será igual… pero todo eso es otra historia).

Llegado el momento, incluso Morales, que hoy parece invencible, presentará resquebrajaduras y una de las mayores será ésta: ¿qué político no querrá cobrarle la cuenta? Y entonces, lógico, lo que haría cualquiera, ahora y antaño, aquí o en cualquier otra parte del mundo, es aprovechar la bipolaridad de la opinión pública en beneficio propio.

(Publicada en el periódico La Tercera el 8 de octubre de 2009)

Colombia es imprescindible para entender Latinoamérica. No sólo es uno de los países más grandes e importantes de la región sino también aquel que va contracorriente ideológicamente y que lidera a la que muchos denominan la derecha en la región.

En esta sesión del podcast de Sudamérica XXI hablamos con la colombiana Helena Olea, académica de la UDP y abogada de la Corporación Humanas.

Este artículo inaugura las colaboraciones del columnista Vicente Torrijos R. con Sudamérica XXI. Torrijos es Presidente del Capítulo Colombiano de Egresados de la Universidad Nacional de la Defensa de los EEUU (CHDS-NDU) y profesor titular de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

Lula vs. Micheletti

(Vicente Torrijos R.) .- El asunto es vergonzosamente simple.  Tras haber fracasado dos veces en su intentona de reinstalar a Zelaya en el poder a cualquier precio, Chávez le habría pedido a sus secuaces del Frente Farabundo Martí, en El Salvador, que lo ayudaran a llegar a Tegucigalpa, donde la embajada de Lula estaría esperándolo con los brazos abiertos.

Una vez adentro, el veleidoso canciller Amorim facilitaría toda la tarea puesto que, ansioso como está por demostrar que ‘su’ Brasil es todopoderoso en el concierto hemisférico, Lula se iría a duelo contra el presidente Micheletti hasta deponerlo y restituir en el poder al camarada Mel.

Aceptado como ‘huésped oficial’ en la embajada brasilera, Zelaya comenzó a desarrollar punto por punto el libreto consistente en estimular la insurrección, llamar al levantamiento armado, montar un gobierno paralelo reconocido por tres o cuatro embajadas de poco pelambre, y arrastrar a la población, gracias al Telesur de Chávez, a lanzarse sobre el palacio presidencial y derrocar a Micheletti.

Pero sus proclamas incendiarias, que violaban flagrantemente las convenciones internacionales relativas al ‘hospedaje’, o al asilo, jamás surtieron el efecto esperado. 

Tras haber querido convertir en pocos días a Brasil en garante del equilibrio de poder en las Américas, mediador natural, y árbitro de controversias, ahora Lula da Silva se convertía en interventor descarado, imponedor del orden interno hondureño y, lo que es peor aún, en sitiador de un país soberano al que no le quedó más remedio que declarar, precisamente, el estado de sitio, o sea, el estado de excepción, para enfrentar la agresiva intervención en sus asuntos internos.

O sea que, dando una lección de refinada y contundente diplomacia, el gobierno transicional de Honduras muy pronto tomó la iniciativa para desenmascarar a da Silva.  Le conminó a definir el status de Zelaya, rompió relaciones con Brasilia, le recordó a Itamaraty que en sólo diez días perdería toda inmunidad, y obligó al recién desempacado Lineu Pupo de Paula a llamarle la atención al desaforado subversivo del Zelaya que seguía vociferando desde la embajada para que su pueblo se armara (‘pacíficamente’) contra Micheletti.

Ante la proclama de Zelaya, “Patria, Muerte o Restitución’, Micheletti impuso claramente su criterio : “Patria, Exilio o Cárcel”, obligando, incluso, al canciller Amorim, a decir desde Brasilia que no tenía nada que hacer ante el impecable manejo del gobierno hondureño pues “enviar tropas a defender la Embajada sólo era viable en el marco de una declaratoria de guerra”.

Aunque tarde, el gobierno del presidente Obama finalmente se decidió a calificar de “irresponsable” toda esta farsa diplomática motivada por las ínfulas de Lula y sus correligionarios que, a lo largo de toda esta crisis, no sólo han perdido el duelo, el pulso y el prestigio, sino algo prácticamente irrecuperable : la mismísima razón.