La sabrosa entrevista que La Tercera hizo al Presidente del Perú hace unos días llega en un buen momento desde el punto de vista periodístico  pero en uno muy malo desde la perspectiva política, por lo menos para algunos de los países involucrados en la Cumbre de UNASUR que se inaugura hoy. Lo cual lleva a preguntarse seriamente cuáles son las verdaderas razones que tienen los presidentes cuando deciden dar este tipo de declaraciones (que ingenuidades a ese nivel no existen).

 Porque, entre otras cosas, Alan García dice que Evo Morales es obsecuente con Chile; que pelea con Lima porque no puede hacerlo con Santiago; que es un incontinente verbal; y, lo más importante, como al pasar, deja sugerida la posibilidad de que hay un acuerdo secreto entre Bolivia y Chile por el tema marítimo.

 La sutileza aquí (viejo lobo de mar) está en sugerir que Bolivia y Chile tienen todo el derecho a tener un acuerdo inexistente porque, concediendo eso, no necesita profundizar en la sustancia de un asunto, que todos, incluido él, saben que no sólo es improbable sino políticamente inviable en plena campaña electoral tanto en Chile como en Bolivia. Pero al insinuarlo golpea la médula de lo que ha sido la política exterior de Morales y de lo que es el centro de su estrategia política: la diplomacia de los pueblos por un lado, y la transparencia y la rendición de cuentas a los movimientos sociales por el otro. Sobre todo en temas tan espinosos como éste, el más espinoso de todos. Quizá por eso Morales, más rápido que pronto salió a desmentir cualquier negociación secreta y a decir que el obsecuente es el propio García que pretende distraer el debate de la instalación de bases militares en Colombia.

 El duro intercambio verbal entre los tres países ocurre cuando García no las tiene todas consigo dentro de su país (aunque para los parámetros peruanos eso es muy discutible) y, sobre todo, cuando el gobierno boliviano trata de tejer las finísimas filigranas que implica la aprobación del preacuerdo al que había llegado con Chile por el uso de las aguas del Silala (otro de los conflictos históricos que separa a ambos países), y que muchos analistas consideran un experimento ante la opinión pública, para luego extenderla a temas más trascendentales, léase la negociación marítima.

 Por otra parte, las palabras del presidente peruano, agregan otro ingrediente más a la ciclotímica disputa entre Lima y La Paz y que la semana pasada prometía llegar hasta el tribunal de La Haya, esta vez por la propiedad de la diablada. Polémica que se desató cuando la representante a Miss Universo de Perú exhibió un traje que, según su diseñador fue inspirado en las festividades de Puno, pero que es similar a los de Oruro o los de la fiesta de La Tirana. Fue de tal magnitud la indignación boliviana que se realizó una “Jornada de reivindicación de la diablada” con miles de bailarines en las calles, y el gobierno produjo un spot en CNN para promocionarla.

 Traigo a colación este tema porque vale la pena escuchar las declaraciones de Alan García a raíz de este incidente. En ese entonces se lamentaba de que la integración latinoamericana no pasara por su mejor momento: “Si hemos visto a Francia y a Alemania unirse, olvidando millones de muertos, podemos olvidar el tema del bordado del vestido de la diablada… claro que eso exige madurez”. Unos días después leíamos lo que leímos.

Una visión boliviana sobre el preacuerdo del Silala entre Chile y Bolivia. Para los autores, el preacuerdo… aborda el tema de manera pragmática y realista, preludio, quién sabe, de futuros acuerdos en otros puntos de la agenda binacional. Quizás se trate, mas bien, de aquello que los manuales llaman una “microintervención” o, en castellano del día: un experimento. Probar cómo es recibida una negociación que abdica de la historia en pos de los resultados, para luego poder extender o refinar el modelo en casos más trascendentes. A nosotros se nos ocurre uno, pero no queremos sesgar la opinión del lector.

Por Gonzalo Mendieta y Francesco Zaratti

1. El contexto del preacuerdo

El preacuerdo sobre el uso de las aguas del Silala “no se refiere a otros temas relativos al Silala o Siloli que a cada una de las Partes interese abordar al momento de negociar el nuevo Acuerdo de largo plazo”, reza el Considerando de ese documento; o sea, no menciona ni considera los antecedentes históricos que tantas emociones levantan en los bolivianos en general y en los potosinos en particular. En particular, el preacuerdo no trata el tema espinoso de la propiedad y el origen de las aguas que afloran en la región fronteriza, aguas que, siendo bofedales o humedales, fueron en apariencia canalizadas artificialmente y concesionadas a empresas privadas en el lado de Chile desde comienzo del siglo XX. Mucho más prosaicamente, el preacuerdo busca solucionar, a partir del “status quo” de aguas que nacen en Bolivia y son utilizadas por empresas chilenas, una compensación por el uso, mostrando, desde ya, una contradicción que se salvaría fácilmente, si ambas partes pretendieren, además de fijar los pagos, dejar claro que acuerdan que tienen desacuerdos. Si, como pretende Chile, las aguas constituyen un río internacional, entonces no debería negociarse compensación alguna, pues Chile tendría derecho a las aguas que naturalmente discurran hacia su territorio. Pero, si, como reivindica Bolivia, se trata de aguas nacionales, no hay por qué pedir permiso a Chile para cobrar a unos privados por el uso de aquellas, ni habría por qué poner restricciones, como hace el preacuerdo, al uso de las aguas de propiedad nacional, salvo por las que Bolivia haya fijado en su propio ordenamiento, lo que veremos luego. Muy hábilmente, aunque sin mucho éxito, el preacuerdo soslaya esa cuestión de principio y aborda el tema de manera pragmática y realista, preludio, quién sabe, de futuros acuerdos en otros puntos de la agenda binacional. Quizás se trate, mas bien, de aquello que los manuales llaman una “microintervención” o, en castellano del día: un experimento. Probar cómo es recibida una negociación que abdica de la historia en pos de los resultados, para luego poder extender o refinar el modelo en casos más trascendentes. A nosotros se nos ocurre uno, pero no queremos sesgar la opinión del lector. De hecho, no hay que sacar el preacuerdo del contexto de la agenda de 13 puntos, que pocos avances ha tenido hasta el presente, de modo que un acuerdo sobre el pago del uso de las aguas del Silala puede hacer olvidar sus fracasos o estancamientos, que para tantos temas de aguas involucrados, es un término afortunado. Queda por analizar si el cálculo de promover el olvido de los magros avances de la agenda sirve en el contexto de la campaña electoral venidera y de la Constitución recién aprobada, la cual muestra, en este caso específico, limitaciones que sus creadores tal vez no habían imaginado, como analizaremos luego. Por otra parte, aunque las relaciones de amor entre el gobierno actual y Chile parecieron dejar de lado las permanentes restricciones políticas que esos asuntos han tenido en Bolivia, la historia ha vuelto a hacerse presente. “No hay que confundir la sustancia con la atmósfera”, diría Kissinger, pinchando el optimismo de quienes creen súbitamente en la magia de las cortesías diplomáticas. Como antecedente de esta visión pragmática del problema Silala, vale recordar algunos episodios de la historia reciente. En octubre de 2002, una comisión de parlamentarios visitó los manantiales del Silala y, en esa ocasión, el vicepresidente de esa comisión, el diputado cruceño Jerjes Justiniano, afirmó: “debemos negociar con Chile cómo y bajo qué condiciones venderle agua, no discutir con ellos el derecho soberano que tenemos sobre los manantiales” (La Prensa, 21/10/2002). Integraba esa misma comisión el diputado Evo Morales, quien, de acuerdo a la versión de El Diario (11/11/2002), sostuvo textualmente “Hemos constatado que las aguas nacen en territorio nacional y no comparto la idea de realizar negociaciones bilaterales ni arbitrajes. Si los chilenos quieren agua que paguen, sino se desvía su curso”. Bueno, el cambio se ha manifestado por lo menos en lo de las negociaciones bilaterales, pero la coherencia en torno al pago no se puede negar. La amenaza del desvío de las aguas, como medio de presión de Comité Cívico Potosinista ante la renuencia de las empresas chilenas a pagar por la totalidad de las aguas que aprovechaban, provocó la segunda censura del canciller Siles en el gobierno de Mesa, por haber puesto en guardia sobre las consecuencias de acciones unilaterales por parte de Bolivia, puesto que el gobierno chileno respaldaba la posición de las empresas que aprovechaban el agua. En la aprobación de esa censura, el entonces diputado Evo Morales tuvo una destacada actuación. En suma, el presidente Evo Morales conoce bien el problema y tiene ideas claras de cómo solucionarlo pragmáticamente, o sea acordando un pago. Otro tema es si el pago debe ser retroactivo, como Morales afirmaba en 2002, o que se aplique un borrón y cuenta nueva, como da a entender el preacuerdo.

2. Las cláusulas críticas

El preacuerdo, en sus 17 artículos, cuida diplomáticamente el lenguaje, para evitar las susceptibilidades que justamente se han dejado de lado con ingenuidad, si se ven los clamores suscitados. Así, el Silala, río para ellos, manantial para nosotros, es definido como “un sistema hídrico” (art. 1); “que fluye superficialmente a través de la frontera” (art. 2); “volumen de agua que fluye a través de la frontera” (art. 6). De ese volumen, un porcentaje corresponde a Bolivia y es de su “libre disponibilidad” (art. 2). Además, según el art. 3, esas aguas de libre disponibilidad “podrán ser conducidas para ser aprovechadas en Chile”, a cambio de una compensación por parte de “las personas jurídicas de derecho público o privado que se constituyan en aprovechatarias (sic) de dichas aguas” (art. 3) (“Aprovechadoras” sonaba infundioso, seguramente). Luego, el art. 6 dispone que, transitoriamente, el 50% de las aguas que cruzan la frontera sea de libre disponibilidad del Estado Plurinacional. A este punto, el avispado lector se preguntará cómo es posible ejercer la “libre disponibilidad” de las aguas que han cruzado la frontera. La respuesta la trae la madre del cordero, que está en el artículo 4. Éste limita palmariamente (aunque con esfuerzo de retórica justificativa ambientalista, a la moda) la “libre disponibilidad” del 50% de las aguas antes reconocido. El art. 4 es una obra maestra de astucia y de ingenuidad (infiera Ud. por lo que sigue, a quién corresponde cada actitud). Veamos: Art. 4: Considerando la fragilidad del ecosistema del Silala o Siloli, por el presente Acuerdo las Partes se comprometen a mantener las condiciones actuales de caudal y calidad del agua que fluye a través de la frontera y a cuidar que cualquier obra que emprendan a futuro individual o conjuntamente no afecte dicho caudal y calidad. La fragilidad del sistema aconsejaría fijar un caudal máximo explotable y no mantener el actual, sin que se sepa a ciencia cierta si el sistema Silala es sostenible o no. Pero no. Lo único que importa a los negociadores “aprovechatarios” es que Bolivia se obligue a renunciar al uso de las aguas del Silala, a favor de los usuarios chilenos, como lo ha hecho desde 1908. Eso sí, empezando a recibir una compensación por ese uso (¿o esa renuncia?). En el fondo, Chile acepta que sus empresas empiecen a pagar por el agua boliviana (50% del caudal), pero a cambio de no modificar el “statu quo” del Silala y de que Bolivia se comprometa a no utilizar su propia agua. ¡Menudo negocio! Si eso no es alienar un recurso natural, hay que hacer un monumento a varios de los innombrables políticos nacionales del ayer. Otros artículos tratan del estudio del sistema hídrico durante cuatro años, mediante un monitoreo conjunto del balance hídrico. Es decir, se comparte la información hidrológica para que Bolivia no apele a la “fragilidad” del sistema para disminuir el caudal; al contrario, pueda aportar, en el futuro, con un mayor porcentaje del caudal requerido por los “aprovechatarios”. Finalmente, el preacuerdo no fija el precio del agua que, en ejercicio de su soberanía y libre disponibilidad, el Estado Plurinacional se obliga a dejar fluir hacia Chile. Se menciona, como referencia-techo, el precio del agua no tratada en la II región chilena. A ojo de buen cubero, si el precio fuera el mismo que exigimos hace 10 años (70 centavos de dólar por metro cúbico), a Bolivia le corresponderían menos de dos millones de dólares anuales. Sin embargo, el acuerdo en torno al precio deberá darse con los usuarios chilenos (art. 13), los cuales parecen reacios a pagar. En esa eventualidad, si bien el Gobierno de Chile declara que no se opondría a medidas coercitivas que pudiera asumir Bolivia, de acuerdo a su ordenamiento jurídico, deja el problema en el ámbito de las controversias administrativas, en conformidad a las obligaciones adquiridas por los “aprovechatarios” con el Estado boliviano. En otras palabras, después de firmado el preacuerdo, habrá que negociar, acordar y firmar un contrato con los “aprovechatarios” en el cual se especifiquen los pormenores del uso y pago de las aguas

3. Problemas constitucionales

Los autores de la Constitución, ahora vigente (la “Nueva”), no estaban –hay que decirlo– imbuidos de la mentalidad colonial española para la que la Audiencia de Charcas y la Capitanía General de Chile eran parte de un mismo territorio, que podría compartir aguas, costas o bienes. La idea que traduce la Nueva es más bien que en materia internacional –cánticos por la integración aparte– cada quien cuida lo suyo. Si se juzga por las reacciones que el preacuerdo ha generado, ése es un fiel reflejo de la convicción nacional. Lo que no previeron los autores es que sus mandantes o contratantes tropezarían con las piedras diseñadas para espantar a los fantasmas de Aniceto Arce, de Banzer, de Charaña, de las caricaturas pintadas por la película Amargo mar hace pocas décadas. Si hay algo que no está en disputa, es que las aguas del Silala se encuentran dentro del cinturón fronterizo de los cincuenta kilómetros. A esa faja territorial, la anterior Constitución ya le asignaba una limitación, destinada a evitar que los buenos vecinos que tenemos dejaran de serlo: Ningún extranjero podría tener derechos de propiedad o posesión sobre el suelo o subsuelo en esa faja (Art. 25 de la anterior CPE), salvo necesidad nacional declarada por ley expresa. Ocurre que en la Nueva, las previsiones se han endurecido para abarcar además un recurso estratégico: el agua. Leamos un fragmento del Art. 262 de la Nueva: “Constituye zona de seguridad fronteriza los cincuenta kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer por ningún título, aguas, suelo ni subsuelo…” Si las aguas del Silala fueran un río de curso internacional, estaría claro que esta previsión constitucional boliviana no serviría para nada, ni Chile estaría obligado a preguntarle a Bolivia cuánto cuestan. Si hay un preacuerdo que prevé una compensación a Bolivia es porque se tiene la duda de que las reglas de cursos de agua internacionales se apliquen al Silala. Ése es el lado positivo del preacuerdo, que reconoce un derecho boliviano. Si ése es el caso, entonces, se podría sostener, en defensa del preacuerdo, que las aguas del Silala no serán poseídas por personas extranjeras en territorio boliviano, si no fuera de él, en territorio chileno. Volviendo al sentido preventivo del Art. 262, tal arreglo sería semejante a comprometerle el suministro a Brasil de toda la producción del Mutún, lo que precisamente estas previsiones constitucionales buscan evitar, que es la presencia creciente del interés extranjero que vaya, paso a paso o al trote, comprometiendo territorio nacional. Si bien vendemos gas fronterizo a países limítrofes, una eventual exclusividad a favor de uno de ellos se asemejaría mucho a un condominio simulado sobre recursos de frontera. No se pueden olvidar los traumas del tratado de medianería con Chile, que están ciertamente detrás de la norma constitucional del Art. 262 de la Nueva. Sería paranoico pensar que seguimos allí donde el siglo XIX nos maltrató, pero lo que no se puede negar es que esa memoria perdura en la Nueva. Se nos suele recordar con ahínco que ésta ha sido aprobada por referéndum y que, por ejemplo, por eso la fecha de las venideras elecciones no puede moverse. Nos hemos tomado en serio la prédica. Si la previsión del Art. 262 citado no impide el preacuerdo, lo roza. Otra toma desde la Nueva es la producida por el parágrafo III del Art. 374. En éste se consagra que las aguas (“fósiles, humedales, subterráneas… y otras”) son inalienables. Como otro artículo (373, II) de la misma Nueva prohíbe la apropiación privada de los recursos hídricos, lo que con sindéresis impediría el carnaval, la ingesta de chairo y de cerveza, no hay que tomárselo muy en serio. No por eso no habrá que preguntarse si la obligación de comprometer aguas a cambio de dinero para que privados extranjeros la aprovechen no se parece a lo que quiere impedir el espíritu de la prohibición de inalienabilidad y de apropiación privada de los recursos hídricos. El efecto más participativo de la Nueva en una contienda como la provocada por el preacuerdo del Silala es sin duda el que viene dado por el Art. 259 de la Nueva. Esta norma permite que un tratado internacional sea, como condición para su vigencia, aprobado por referéndum popular, “cuando así lo solicite el cinco por ciento de los ciudadanos registrados en el padrón electoral…”. Como estamos en cambio de padrón, no queda claro si se aplicaría el biométrico o no. No todo acuerdo entre Estados es un Tratado y discernirlo nos tomaría un libro. De todos modos, el mismo rótulo de “preacuerdo” revela que no se le quiere dar carácter de Tratado. Podrías ser por razones fundadas. Un acuerdo entre Estados puede tener carácter administrativo o de “modus vivendi” o derivar de un Tratado y no implicar previsiones que deba tratar el Legislativo. Un criterio para fijar el límite es la naturaleza de los compromisos que adquiere el Estado. Nadie ha explicado aún por qué el preacuerdo será sólo tal y si implicará, por eso, que no precisará de ratificación legislativa. Lo que sí es indisputable es que los cívicos potosinos podrían tener un poderoso instrumento en sus manos si alegasen que aunque se lo haya bautizado de otro modo, el preacuerdo se parece mucho a un “Tratado Contrato” que a un simple arreglo secundario. Ciertas autoridades gubernamentales, con criterio válido y que podría ser objeto de legítimo debate público, sostienen, ante las demandas de consulta popular, que un referéndum o una consulta implicaría echar por la borda el preacuerdo y privar al país de algún beneficio por las aguas del Silala que Chile usa centenariamente. Ése es un argumento de responsabilidad política atendible, pero que sensiblemente va en contracorriente de la onda política predominante: ¿no era que mandaríamos obedeciendo? La disputa de estos días no puede verse con los ojos del oportunismo, ayer chilenófilo y pragmático, hoy nacionalista y plañidero, sólo porque hay que asestarle un golpe al gobierno. Que el actual régimen introduzca en su léxico criterios realistas, alejados de la adulación del primer reflejo emocional, es una buena noticia. El país debería alentar la discusión desprejuiciada, basada en datos, en los intereses nacionales y en el mejor modo de servirlos, atendiendo la memoria y la historia pero también los intereses de los bolivianos que viven. Si las autoridades están dispuestas a hacerlo, que se sometan a los rigores de la defensa de una posición que predican beneficiosa para el país. Pero también, que no olviden la máxima bíblica de que “con la vara que midáis seréis medidos”. Una vara pequeña y mezquina que, tristemente, el país ha usado para juzgar los actos de todos, en perjuicio únicamente propio. (Artículo publicado en Pulso www.pulsobolivia.com)

El acuerdo militar llevado a cabo entre los gobiernos colombiano y estadounidense han provocado importantes reacciones en la región. Al punto que pretendiendo calmar los ánimos y explicar sus motivos, Álvaro Uribe se vio obligado a hacer una rápida gira en Suramérica. Las respuestas han sido múltiples, algunos mandatarios declaran que como Estado soberano Colombia puede tomar las medidas que le parezca en búsqueda de generar mayor seguridad en su interior. Por su parte las relaciones con Venezuela y Ecuador se mantienen tensas.

A continuación algunos artículos relacionados con la temática.

“No admitiría soldados de EE.UU.”: Felipe Calderón
Diario El Espectador
18\08\09

Cancilleres de Ecuador y Colombia exploran mecanismo de diálogo
Diario El Espectador
Colombia
20\08\09

Colombia President, on South America Tour, Defends U.S. Military Role
Por Alexei Barrionuevo
The New York Times
07\08\09

S. America Concerned About US Military in Colombia
Por THE ASSOCIATED PRESS
The New York Times
10\08\09

Fidel Castro: Bases militares en Colombia son una amenaza contra toda Suramérica
TeleSUR
Venezuela
05/08/2009

A la fuerte disputa entre Colombia, Venezuela y Ecuador (otra más), hay que sumar el anuncio de la utilización de bases colombianas por los Estados Unidos. Esta determinación ha prendido señales de alarma hasta en el propio Brasil. Todas estas noticias no han caído bien a Venezuela, Nicaragua, Bolivia ni Ecuador, países que definen a Colombia como “la principal amenaza para Sudamérica”. Como quiera que sea, a esta serie de entredichos hay que sumar la señal más preocupante del clima de tensión regional: la carrera armamentista.
Pasen y vean.

Sudamérica no pasa por sus mejores días. La fuerte disputa entre Colombia y Ecuador (otra más), por la denuncia hecha por el Gobierno de Alvaro Uribe sobre el supuesto financiamiento de las FARC a la campaña del Presidente Rafael Correa, es otro episodio más de su larga historia de distanciamiento. Se trata de un video del jefe militar de las FARC, el Mono Jojoy, difundido recientemente por Colombia que confirmaría la entrega de fondos a la campaña electoral de Correa.
La denuncia cayó mal en Ecuador, pero no ha podido ser negada ni siquiera por el propio afectado quien comienza a buscar entre sus antiguos colaboradores algún chivo expiatorio (“no fui yo, fueron ellos”, insinuó recientemente), lo cual no ha hecho más que ahondar las diferencias que separan estos países y a los mundos a los que se arriman.
Colombia y Ecuador no tienen relaciones diplomáticas desde que estallara la crisis de 2008 entre ambos países, hace un año. Entonces se bombardeó un campamento en territorio ecuatoriano en que murió el comandante de las FARC, Raúl Reyes. En esta oportunidad ha decidido declarar guerra comercial a Colombia imponiendo aranceles a más de 1.300 productos.
A lo cual hay que sumar otra denuncia colombiana contra Hugo Chávez que afirma que éste le entregó a las FARC armamento comprado a Suecia, lo que ocasionó que Venezuela congelara las relaciones diplomáticas por cuarta vez desde 2002. Las consecuencias económicas son graves sobre todo para Colombia, pero ambos países se ven seriamente afectados por el hecho.
La denuncia versa sobre el hallazgo en un campamento de cinco lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca, capaces de atravesar blindados e instalaciones fortificadas. Además, unos correos electrónicos de Raúl Reyes, afirmaban, en enero de 2007, de que los generales venezolanos Hugo Carvajal, jefe de Inteligencia Militar, y Clíver Alcalá, hombres de confianza de Hugo Chávez, habían hecho llegar a las FARC “cohetes antitanque de 85 milímetros”.
Venezuela no oculta su cercanía con las FARC. Hoy, Caracas tiene hasta una plaza que lleva el nombre del fundador de la organización, Manuel Marulanda.

Bases militares

Pero la cereza en la torta ha sido el anuncio de la utilización de bases colombianas por los Estados Unidos (bajo el mando de oficiales colombianos, dice el gobierno de Uribe), lo que ha sido entendido en toda la región como la instalación de bases militares estadounidenses en Sudamérica.
El nuevo acuerdo de cooperación militar entre EE UU y Colombia prevé, según la prensa colombiana, que los estadounidenses utilicen las bases de Malambo, en la región Atlántico, Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Meta) para operaciones contra el narcotráfico.
Además, se informó que Bogotá querría que Washington aumente su personal en las bases de Larandia (Caquetá) y Tolemaida (Tolima) para operaciones orientadas a la lucha contra la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y contra el narcotráfico. La de Apiay, por ejemplo, sería la punta de lanza para intensificar la lucha contra el frente oriental de los guerrilleros.
Esta determinación ha prendido señales de alarma no sólo en países tradicionalmente enfrentados con Colombia como Venezuela, sino hasta en el propio Brasil, que ha comenzado a desplegar su diplomacia para ver si algo se puede hacer al respecto.
Brasil quiere que se reúna el Consejo de Seguridad de UNASUR, la organización que agrupa a los países sudamericanos, para abordar la crisis entre Venezuela y Colombia y la instalación de bases, según sostuvo el canciller brasileño, Celso Amorim, en una conferencia de prensa junto a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos.
No es extraño entonces que el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, visite a sus pares de Perú, Chile, Brasil y Paraguay para explicarles de qué va todo esto. En la gira Uribe expone los riesgos del terrorismo en Colombia y los beneficios de la presencia militar estadounidense. Según el presidente colombiano, su país mantendrá el control de las bases, destinadas a combatir el narcotráfico, y se respetará el número máximo de efectivos extranjeros, establecido por el Plan Colombia.
Los gobiernos de Brasil y España estarían coordinando acciones conjuntas contra las decisiones colombianas, según informó el diario “Folha de Sao Paulo”. De acuerdo con la prestigiosa analista política de ese medio, Eliane Cantandee, los países sudamericanos expresaron a Europa el temor de que Obama esté usando las bases militares en Colombia para neutralizar la creciente aproximación de Chávez tanto con los rusos, a los que les compró equipamiento bélico, como con los iraníes, enemigos de Washington.
La necesidad para los Estados Unidos de este acuerdo con Colombia, que sigue siendo su mejor aliado en la región, es sencilla. Los estadounidenses ya han comenzado a salir de Manta, en Ecuador, luego de que el Presidente Correa pidiera la suspensión del acuerdo que mantenían ambos países. En cumplimiento de esa decisión ecuatoriana, los EEUU han prometido que para mediados de septiembre ya no habrá ni uno solo de sus efectivos en ese país.
Este puesto de operaciones en Ecuador conformaba, junto a los de El Salvador y Curazao, un triángulo estratégico para interceptar los vuelos de los narcotraficantes. En Manta, Estados Unidos podía tener hasta ocho aviones para el rastreo de naves y submarinos del narcotráfico. Las naves cubrían un área de 6.400 kilómetros sobre el Pacífico, desde Perú hasta Centroamérica. Hasta octubre se habían decomisado unas 1.617 toneladas de drogas, según cifras oficiales estadounidenses, según el diario El País.

La principal amenaza para Sudamérica

Todas estas noticias no han caído bien a Venezuela, Bolivia ni Ecuador, países que definen a Colombia como “la principal amenaza para Sudamérica”. El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó de “traición” el acuerdo militar. Por su parte, el nicaragüense, Daniel Ortega, sostiene que estas bases “puede liberar más fuerzas y combinar incluso operaciones dirigidas a acabar con procesos sociales, populares y democráticos como los que avanzan en Venezuela, Bolivia y Ecuador”. Como si faltara poco la guerrilla colombiana ha dicho que EEUU prepara una “invasión” de Venezuela desde bases militares colombianas.
Como quiera que sea, a la serie de entredichos entre países de la región (sólo en esta semana Evo Morales acusó y luego tuvo que pedir disculpas a Argentina y Chile por hablar sobre la política interna de esos países), hay que sumar la señal más preocupante de la tensión regional: la carrera armamentista.
Y para ello hay que comenzar en Brasil, país que ha incrementado en 50% el presupuesto militar desde que su actual Presidente llegó al Gobierno, en 2003. Lula ha adquirido a Israel ocho aviones no tripulados que serán usados para vigilar las fronteras.
A lo cual hay que agregar los constantes cruces verbales entre Perú y Chile por una supuesta carrera armamentista que tiene episodios cada vez más seguidos.
En esa clave se deben leer las declaraciones de Alan García sobre el reponteciamiento de las Fuerzas Armadas peruanas mientras su canciller, José Antonio García Belaunde, expresa preocupación por las recientes compras bélicas que ha realizado Chile e, incluso, consideró que los chilenos está incitando una carrera armamentista en Sudamérica. “Realmente llama la atención y preocupa el gasto en armamento que hace ese país. Yo no diría que hay una guerra fría, pero sí es una incitación a una carrera armamentista”, dijo el funcionario al diario Perú 21.
García Belaúnde hacía referencia a la compra chilena de 18 aviones de guerra usados F-16 a Holanda, con lo que completaría una flotilla de 46. El ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, afirmó al respecto que Chile tiene el mejor ejército, y las mejores armada y fuerza aérea del último siglo, al tiempo que calificó de “majadería” las acusaciones peruanas de que está incitando a una carrera armamentista.
A este entredicho hay que agregar las acusaciones de espionaje a cuatro oficiales de la Fuerza Aérea de Chile que el gobierno de Perú negó terminantemente.
Bolivia, no quiere quedarse al margen de la fiesta y el ministro de Defensa, Walker San Miguel y el embajador de Rusia en Bolivia, Leonid Golubev, informaron las gestiones que inició el Gobierno boliviano para lograr un crédito ruso de más de 100 millones de dólares para adquirir un flamante avión presidencial y modernizar las Fuerzas Armadas.
En el mismo tema, el presidente ecuatoriano Rafael Correa desmintió que su país esté en una carrera armamentista pero aseguró que Ecuador se prepara para mejorar su capacidad operativa militar, según el diario El Tiempo. En tanto, el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce, sostuvo que Colombia es una amenaza para Sudamérica
Las declaraciones más preocupantes en este sentido, han sido las del Presidente venezolano, quien afirmó que “Dios nos libre de una guerra, pero eso no depende de nosotros. Estamos listos para morir, pero Venezuela jamás de los jamases volverá a ser colonia yanqui ni colonia de nadie”.
A lo cual debe sumarse el anuncio de Chávez en su programa “Aló Presidente”, de fortalecer el poder militar de su país con el incremento de unidades de combate hasta duplicar sus batallones de tanques, lo que habría sido comunicada oficialmente al Gobierno de Rusia, el principal proveedor de armas a Venezuela.
Así estamos.

UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE RELACIONES INTERNACIONALES

ACTO DE CONMEMORACION
CUARENTA AÑOS DE INTEGRACION ANDINA

26 de Mayo, 1969 – 2009

Santiago de Chile, 26 de Mayo 2009

INTERVENCIONES

Señor Patricio Leiva Lavalle, Director Instituto Latinoamericano de
Relaciones Internacionales: Presentación

Señor Freddy Bersatti Tudela, Cónsul General de Bolivia

Señor Carlos Gaitán Gonzalez, Embajador de Colombia

Señor Francisco Borja Cevallos, Embajador del Ecuador

Señor Carlos Pareja Ríos, Embajador del Perú

Señor Salvador Lluch Soler, Firmante del Acuerdo de Cartagena en
representación del Gobierno de Chile y Miembro
de la Primera Junta del Acuerdo de Cartagena

Señor Juan Pablo Lira, Subsecretario de Relaciones Exteriores (s)

PATRICIO LEIVA LAVALLE
Director
Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales

En un día como hay, hace cuatro décadas, se suscribió, en Bogotá, el Acuerdo de Cartagena, dando origen al proceso de Integración Andina.

El Instituto Latinoamericano de Relaciones Internacionales, de la Universidad Miguel de Cervantes, se asocia a este acontecimiento y agradece la presencia de cada uno de Uds. pues le concede un especial realce a este Acto de Conmemoración.

El Instituto y la Universidad han querido destacar esta fecha pues seguimos convencidos que, hoy como ayer, la integración regional es una gran oportunidad para asegurar la prosperidad, la paz y la seguridad para nuestros ciudadanos y para posibilitar que América Latina tenga voz y presencia internacional.

Saludamos la Integración Andina como el proyecto más avanzado y audaz que se ha emprendido en nuestra región, necesario para asegurar no solamente un desarrollo más dinámico para cada uno de sus países miembros sino un desarrollo más equitativo y más equilibrado para el conjunto de América Latina.

Es el momento de recordar a los Presidentes de las Repúblicas de la época cuya decisión permitió iniciar el proceso de Integración Andina: Luis Adolfo Siles Salinas, de Bolivia, Carlos Lleras Restrepo, de Colombia, Eduardo Frei Montalva, de Chile, José María Velasco Ibarra, del Ecuador, y, Juan Velasco Alvarado, del Perú. Asimismo, es indispensable recordar a los Representantes de estos países que llevaron adelante y que, con su inteligencia, imaginación y tenacidad, supieron concretar, en Cartagena, la voluntad política de construir la unidad andina: Tomás Gullermo Elío, de Bolivia, Jorge Valencia Jaramillo, de Colombia, Salvador Lluch Soler, de Chile, que nos honra con su presencia en este Acto, José Pons Vizcaino, del Ecuador, y, Vicente Cerro Cebrián, del Perú.

El proceso de Integración Andina despertó grandes expectativas y esperanzas en la subregión, en nuestro continente y más allá de las fronteras latinoamericanas. Cinco países unidos por la Cordillera de los Andes concretaron una voluntad común sólida para constituir una nueva unidad política, económica y social que contribuyera a lograr un mejor desarrollo y una más profunda y más adecuada integración subregional y latinoamericana.

En un decenio en que el mundo y la región buscaban grandes transformaciones, los cinco países andinos con decisión, audacia e imaginación supieron aunar voluntades, definir objetivos comunes y crear nuevas modalidades y mecanismos para la acción conjunta, interna y externa, algunas de las cuales eran inéditas en los procesos de integración y en las relaciones internacionales.

Han transcurrido cuatro decenios desde aquella época. Los países andinos, América Latina y el mundo han cambiado. Las relaciones internacionales y los procesos de integración regional han cambiado. Y, por supuesto, la Integración Andina ha cambiado.

La crisis global que azota el mundo ha puesto al descubierto que no todos los cambios que han ocurrido en los últimos lustros han sido para bien de la humanidad ni para determinadas regiones en particular. Más aún, determinadas tendencias que se venían manifestando desde hace ya muchos años constituían advertencias, en especial, para nuestra región.

La pérdida en la importancia relativa de América Latina en el concierto internacional es evidente. El incremento en las desigualdades y la existencia de decenas de millones de pobres continúan siendo una realidad. Los avances registrados en muchos ámbitos no han sido suficientes para detener dichas tendencias ni menos para revertirlas.

América Latina no ha sido capaz de construir un proyecto común para el conjunto de los latinoamericanos que sea una expresión clara de una voluntad compartida para enfrentar juntos un destino que, necesariamente, por la historia, la geografía, la cultura, los recursos naturales y las personas, debe ser común.

Hoy surgen desafíos nuevos, gigantescos, de tremenda complejidad. En esa misma medida surgen oportunidades para alcanzar un mundo mejor.

Cada día es más evidente que no hay ningún país que esté en condiciones de enfrentar dichos desafíos en forma aislada, ni menos aprovechar adecuadamente las oportunidades para transformarlas en realidades concretas en beneficio de nuestras personas.

En otras palabras, el desafío de la integración de América Latina sigue presente y es, cada día, más urgente. En esta misma medida se puede comprobar como la integración continúa siendo un gran desafío pendiente para América Latina. El costo de la no integración no lo pueden seguir pagando los habitantes de nuestra región, ni menos los más desposeídos.

Es evidente que la Integración Andina, hoy, presenta avances y dificultades, con rasgos específicos, pero que son similares a las que se observan en otros procesos de integración.

Al cumplirse un período emblemático, como son las cuatro décadas que conmemoramos hoy, es del interés de todos y de la mayor relevancia conocer mejor la situación actual y las perspectivas de la Integración Andina. Sabemos que el proceso está en una reflexión profunda. Son nuestros más sinceros deseos que de dicha reflexión surja una nueva estrategia, que responda a los desafíos de nuestra época y, tal como fueron los ambiciosos objetivos originales, contribuya a lograr un mayor bienestar para los ciudadanos andinos, un proceso más profundo de integración latinoamericana y una participación creciente de América Latina en las decisiones mundiales.

Estamos ciertos que las distinguidas Personalidades que nos acompañan nos iluminarán sobre los caminos renovados hacia donde transitará el futuro de la Integración Andina.

FREDDY BERSATTI TUDELA
Cónsul General de Bolivia

El nuevo aniversario de la Integración Andina proporciona una oportunidad para reflexionar sobre los procesos de integración en general pues sus características son similares a las que han experimentado otros procesos de integración regional.

Para empezar, es conveniente tener presente que el continente americano ha tenido una larga experiencia de organización y cooperación. Así lo demuestra la creación, en 1890, de la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas y la subsiguiente instauración, en 1902, de la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas. Este primer proceso se completa con el surgimiento, en 1910, de la Unión Panamericana. Con posterioridad a la segunda conflagración mundial, en 1947, se instituye el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y, al año siguiente, la Organización de Estados Americanos, vigente hasta hoy día. Con ello, los veintiún países firmantes originales establecieron un Organismo destinado a asegurar la paz, la seguridad, la cooperación política, económica, social y cultural y la solución de conflictos entre sus miembros.

En el año 1960 se inician los procesos de integración en América Latina. Es así como surge el Mercado Común Centroamericano y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, para los países de América del Sur y México. En este marco surge, en 1969, la integración andina con la suscripción, por parte de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, del Acuerdo de Cartagena. Como sabemos los miembros de este Acuerdo han cambiado pues, en 1976, se produce la salida de Chile y, en el 2006, se concreta el retiro de Venezuela. Recientemente, Chile ha regresado a la Comunidad Andina, como País Miembro Asociado. Posteriormente, surgen otras agrupaciones en nuestra región, entre las cuales cabe destacar la creación, en 2008, de la Unión de Países Suramericanos.

Los procesos de integración generan una dinámica de cambios y un nuevo paradigma para el desarrollo de los países. Se pueden observar dos fases bien definidas en su inserción en las respectivas realidades nacionales. En una primera etapa, se trata de asumir los nuevos horizontes y compromisos, lo cual no es fácil pues se deben superar las inercias del pasado y surgen actores no siempre partidarios del proceso. En una segunda etapa, surge la necesidad de cumplir a plenitud los compromisos contraídos. La experiencia indica que es la fase más difícil pues se trata de aplicar los compromisos pactados y, muchas veces, modificar las normas o costumbres del pasado. En la actualidad, por ejemplo, en la Comunidad Andina se ha modificado, sin seguir la norma del consenso, la Decisión 486, sobre propiedad intelectual, patentes e invenciones, abriendo paso a que cualquier país pueda patentar recursos biológicos que son fuente de vida, violando la Decisión 391.

En esta reflexión general, estimo importante enunciar, al menos, las principales debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que presentan los procesos de integración latinoamericana.

Entre los elementos que debilitan los procesos es posible mencionar los siguientes: agendas netamente políticas pero sin voluntad de un compromiso real; inexistencia de un proyecto verdaderamente común; búsqueda de beneficios nacionales inmediatos; a pesar de los avances, intercambios limitados; reducidas inversiones en investigación, innovación e industrias de alta tecnología; y, los caudillismos.

Antes estas debilidades, la región presenta importantes fortalezas: idiosincrasia y valores comunes; costumbres similares; idioma único o similar; religión de un mismo origen; recursos naturales variados y abundantes; su población; y, un nivel de desarrollo relativamente parecido.

Las amenazas que enfrenta el proceso de integración son conocidas: estructuras de mercados nacionales con intereses muy definidos; control tecnológico de grandes países; control o elevada influencia política, económica y social de las grandes potencias; y, estructuras del capitalismo casi imposibles de romper.

Por sobre todo interesa destacar las oportunidades que generan los procesos de integración. Para estos efectos estimo ilustrativo mencionar las categorías que ha planteado George Soros: los países que viven de sus productos primarios difícilmente superarán los diez mil dólares por habitante; los países con procesos de industrialización podrán avanzar hasta los veinte mil dólares por habitante; y, para superar este nivel, e incluso los treinta mil dólares o más, es necesario que los países logren un avanzado proceso de desarrollo científico y tecnológico. La integración posibilita crear el gran mercado latinoamericano, indispensable para diversificar las economías y hacerlas competitivas a nivel internacional. En particular, para permitir la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y el desarrollo e intercambios de servicios tales como, los legales, seguros, entretenciones, turismo y comunicaciones. En síntesis, la integración regional posibilita generar la patria grande, con una sola visión, con un proyecto verdaderamente común.

CARLOS GAITAN GONZALEZ
Embajador de Colombia

Me honra mucho acudir el día de hoy a celebrar la solemne conmemoración del aniversario de los cuarenta años del Acuerdo de Cartagena, ciudad cuna del proceso de integración que iniciamos en 1969. A nombre del gobierno colombiano y en el mío propio, rindo homenaje a los mandatarios de la época, Carlos Lleras Restrepo de Colombia; Eduardo Frei de Chile y Raúl Leoni de Venezuela; y el ex Presidente Galo Plaza y el Canciller Fernando Schwalb, acreditados como delegados de los Presidentes de Ecuador y Perú respectivamente, autoridades que decidieron unir sus fuerzas e iniciar un proceso cuyos primeros efectos, bajo 2 años de conversaciones, se concretaron en la firma de la Declaración de Bogotá de 1966. Así, se dio origen a las bases de lo que sería más adelante el Acuerdo de Cartagena, el cual se enmarcó sobre los objetivos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC.

Es importante resaltar el fin integracionista de la época que tuvo como objetivo primordial, proteger del comercio internacional de ese entonces a las economías de los estados miembros, con el fin de que América Latina contara con un mercado común, bajo la premisa de que juntos seríamos más que separados.

Dicho proceso de integración se gestó en diversas mesas de diálogo como los encuentros en Uruguay, en 1967, en donde se sientan las bases del acuerdo subregional entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, para alcanzar el objetivo integracionista que culminó en Cartagena y con su posterior suscripción, el 26 de Mayo de 1969, en el Palacio de San Carlos de Bogotá. El Acuerdo entró a regir el 16 de octubre de 1969 e inició formalmente sus actividades el 21 de noviembre de ese mismo año.

En aquel entonces, el Acuerdo de Cartagena da origen al Pacto Andino. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, bajo la política de apertura global del mercado, surge la necesidad de ajustar el Acuerdo de Cartagena a esa nueva realidad, se deja de lado la política proteccionista del Pacto Andino y se modifica el Acuerdo de Cartagena con el Protocolo de Trujillo, dando paso así a lo que es se denomina la Comunidad Andina de Naciones.

La Comunidad Andina de Naciones es el reflejo de la convergencia de nuestras culturas, nuestras tradiciones políticas, nuestro desarrollo social, nuestras economías, nuestro proceso de protección al medio ambiente, nuestro avance tecnológico, elementos que van en busca de un mismo objetivo: la UNION de nuestros pueblos, que se identifican como un solo bloque bajo el auspicio y el esfuerzo de las instituciones que en la actualidad conforman la Comunidad Andina de Naciones.

El desarrollo de la CAN, ha sido trascendental desde los noventas. Cabe recordar que se crea la zona de libre comercio, en 1993, como la primera del continente, lo cual ubicó a la CAN a la vanguardia de los procesos de integración. Como consecuencia de ello se permitió que el comercio intracomunitario creciera vertiginosamente y se generaran empleos, liberalización de servicios, en especial, el del transporte en sus distintas modalidades.

El principal objetivo de la Comunidad Andina es el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un Mercado Común Latinoamericano, lo que se logra a través del fortalecimiento de la solidaridad subregional y la reducción de las diferencias de desarrollo existentes entre los países miembros, logrando así una mejor calidad de vida para los habitantes de la Región.

Por eso hoy, en los cuarenta años de la Comunidad Andina de Naciones, celebramos los avances logrados no solo en lo comercial sino, también, en el ámbito social, cultural, ambiental.

Muestra de ello es la omisión del requisito de visas, para viajar a cualquiera de los países de la CAN y la creación de normas que garantizan la circulación y permanencia de los nacionales andinos en la subregión con fines laborales sin perder sus beneficios de seguridad social, entre otros.

Ha sido tal la importancia del Acuerdo de Cartagena que ha logrado agrupar una población de 96.9 millones de habitantes con una extensión territorial de 3.798.000 Km2 y con un Producto Interno Bruto de US$ 408 mil millones de dólares.

En el plano comercial, durante el 2008, se efectuaron exportaciones intracomunitarias por US$ 7.171 millones de dólares y exportaciones totales al mundo por US$ 93.142 millones de dólares e importaciones por US$ 94.176 millones de dólares, cifras que señalan la importante actividad comercial de la CAN en el año recién pasado.

En este prometedor escenario, es para mi Gobierno y para mi motivo de orgullo ser miembro fundador de este gran Acuerdo, que es el marco de referencia de una sólida estructura institucional supranacional, con un marco jurídico propio, que genera efectos directos sobre los Estados Miembros y que ejercen sus objetivos integracionistas a través de instituciones como el Consejo Presidencial Andino, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina, la Secretaria General de la CAN, el Parlamento Andino, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas y el Consejo Consultivo Empresarial Andino, entre otros.

El Acuerdo de Cartagena ha consolidado la hermandad entre nuestros países favoreciendo su desarrollo económico, político y social, proceso en el cual tenemos que seguir trabajando para lograr la inserción en las esferas internacionales.

Me despido con estas palabras, no sin antes agradecer el esfuerzo y dedicación de los organizadores de este evento de conmemoración del Aniversario del Acuerdo de Cartagena, esperando sea una oportunidad para reflexionar y renovar el compromiso con nuestra región.

FRANCISCO BORJA CEVALLOS
Embajador del Ecuador

Nos hemos reunido para conmemorar los 40 años de la Comunidad Andina de Naciones, originalmente llamado Acuerdo de Cartagena, pues fue en esa ciudad colombiana, el 26 de mayo de 1969, que cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo, con el objetivo de caminar juntos por mejores senderos de paz, prosperidad y entendimiento.
Venezuela se incorporó al Acuerdo el 13 de febrero de 1973. El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró. Ahora Chile ha vuelto, aunque no como miembro pleno. En cambio Venezuela se ha retirado en abril de 2006.
Todo esto nos muestra la serie de dificultades, expectativas generadas y a veces no cumplidas, o no cumplidas en su totalidad, que han marcado la marcha del originalmente llamado Pacto Andino.
Así, entre avances y retrocesos, hemos llegado a esta fecha, en que se cumplen los 40 años con una evidente crisis, originada, entre otras razones, en una serie de divergencias ideológicas y de enfoque en materia de comercio internacional, que han generado diferencias y dificultades entre sus miembros. Dificultades que no son nuevas, pues conforme ha dicho el Embajador de Colombia hace unos momentos, el Pacto Andino nació con un impulso proteccionista, con sustitución de importaciones y otros esquemas destinados a proteger la producción nacional de los países miembros mientras que, luego de unos años, cuando se transformó en CAN, con el enfoque ideológico diferente de otros gobiernos de la subregión, se dio un giro hacia el aperturismo. Es decir, siempre, la ideología de los distintos gobiernos fue imprimiendo su sello al organismo.
Sin embargo, siempre se ha dicho que las crisis son, al mismo tiempo, oportunidades que hay que saberlas aprovechar. El cumpleaños número 40 de nuestra querida Comunidad nos toma en un momento crucial de la región y del mundo, que puede ser un momento único para reflexionar sobre el camino recorrido y los desafíos del futuro. Todos los códigos están en revisión, han caído los paradigmas del mercado que se lo colocó como sacrosanto regulador y asignador de recursos. Y, si de mercado hablamos, si de libre circulación de mercancías, capitales y tecnología hablamos, es apenas justo que, también, hablemos de libre circulación de personas. Este, que ya es un desafío cumplido entre los países de la Comunidad, debe transformarse en un objetivo global.

La nueva Constitución ecuatoriana, en sus Artículos 416 a 423, propugna la libre movilidad de las personas, la ciudadanía universal y el fin del estigmatizador calificativo de ilegal.

Este es uno de los temas en que debemos reflexionar a propósito de este aniversario, pues no es justo, ni equitativo, ni conveniente, seguir construyendo muros, de cemento o legales, que en forma de regulaciones y leyes impiden la circulación de los seres humanos. Nuestro Gobierno cree que el anhelo de cohesión social, largamente acariciado por la humanidad y que es materia de debate en todos los foros internacionales, no podrá hacerse realidad sin una educación de calidad para todos, sin salud de calidad para todos y sin la libre movilidad de todas las personas por el mundo, pues solo así será posible la igualdad de oportunidades para todos y todas.

La crisis nos propone la oportunidad de replantearnos una nueva CAN. Como ha dicho nuestro canciller Fánder Falconí, una CAN que vaya “más allá de los aspectos comerciales o netamente arancelarios, que involucre también aspectos políticos. Los grandes procesos de integración siempre se han sostenido en base de acuerdos políticos”.
Hay que reconocer que en el Plan de Trabajo 2007 de la Secretaría General de la CAN queda reflejado muy claramente ese cambio, que contempla como áreas de acción la Agenda Social, Agenda Ambiental, Cooperación Política, Relaciones Externas y Desarrollo Productivo y Comercial.
Hay que partir, entonces, de la crisis actual del organismo, para ampliar el ámbito de la integración subregional a temas como el diálogo político, el tema social, la emigración, el tema ambiental, la integración energética, temas que han permanecido un poco escondidos debajo del gran énfasis que se ha dado al tema comercial.
Y también, por qué no, esta debe ser una ocasión para debatir y analizar la crisis internacional que nos debe llevar a reflexionar sobre nuevos modelos de desarrollo económico, que reconsidere el papel del Estado como regulador de la actividad económica y redistribuidor de sus beneficios y, desde luego, también el aporte del mercado en la generación de riqueza. El mercado es eficiente en la generación de riqueza, pero no lo es como redistribuidor ni como regulador. El mercado no se ocupa del tema ambiental, ni de la justicia social, ni de la equidad.
Asistimos, más allá de la crisis dentro del limitado espacio geográfico de nuestra integración subregional, a una crisis global sin precedentes, en la cual el tan vilipendiado Estado ha debido salir de su ostracismo para rescatar al mercado, que no pudo autoregularse como sostenían los extremistas del neoliberalismo. Todos estos temas deben ser parte de la agenda de los nuevos organismos de integración, no solo el comercio. La integración no es un TLC, es mucho más que eso.
Pero, además, la integración subregional debe ser vista como un paso hacia la integración regional de toda América Latina.
Para citar nuevamente a nuestro Canciller: la integración subregional “constituye un eslabón fundamental para avanzar hacia procesos mayores en términos de cooperación o complementariedad”.
Organismos como la CAN, el MERCOSUR y la UNASUR deben servirnos como mecanismos de acopio de experiencias para promover lo que en mi país es mandato constitucional: la integración de toda América Latina.
En efecto, el Artículo 423 de la nueva Constitución recientemente aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, establece la integración latinoamericana como objetivo estratégico del Estado.
Ciertamente los avances no han sido del todo alentadores en todos estos esfuerzos de integración. Pero no es el momento para sentarse a lamentar lo que no se hizo. Es el momento para entregar toda la decisión política que se necesita para acelerar el proceso de integración. No nos queda otro camino para salir del subdesarrollo que integrarnos en un gran espacio económico, comercial, migratorio, político y social.
Hago votos porque este aniversario número 40 de la CAN sirva para reflexionar, no solo a sus cuatro países miembros, sino a todos los países de Sudamérica y Latinoamérica en la necesidad de pisar a fondo, con férrea voluntad política, el acelerador de la integración. Tenemos suficiente experiencia acumulada, desde la ALALC de 1960, el Pacto Andino (hoy CAN) de 1969, ALADI en 1980, el MERCOSUR de 1991 y la UNASUR creada el año pasado. En esta época de grandes bloques, mantenernos individualizados y divididos es a todas luces suicida.

CARLOS PAREJA RIOS
Embajador del Perú

Los caminos que ha recorrido la Comunidad Andina son los propios de la región ante los cambios que han ocurrido en el mundo durante estos últimos 40 años.
La imagen de la integración prevista en 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena no corresponde al mundo globalizado que hoy encaramos. Y, sin embargo, el proceso de integración andina continúa vigente, tras 40 años de continua actividad.
A fines de los años 60 los países del tercer mundo reclamaban en los foros multilaterales la creación de un nuevo orden económico internacional. La globalización ha creado en efecto un nuevo orden económico, pero el resultado no es precisamente el que se tenía en mente hace cuatro décadas.
La necesidad de trabajar conjuntamente y articular nuestras economías es aún mayor hoy que hace 40 años. La acción integrada es precisa para concertar las medidas de regulación y prevención que requieren los flujos financieros globales.
La Comunidad Andina no es hoy el mercado común imaginado en 1969, pero puede convertirse en la zona de libre comercio que nuestros países precisan para insertarse de una manera más ventajosa en la economía globalizada. La CAN requiere identificar con claridad los temas en los cuales tenemos que asumir nuestra responsabilidad de trabajar juntos, las áreas en las cuales no tenemos mayores diferencias sino intereses y objetivos comunes.
El Canciller del Perú, José Antonio García Belaunde, ha propuesto que identifiquemos una agenda no conflictiva de integración. Dentro de esa perspectiva se encuentran, entre otros, los temas de la protección ambiental, la cooperación policial y judicial contra el crimen organizado y el desarrollo fronterizo. La idea central es no paralizarnos en las diferencias entre visiones y proyectos de desarrollo, sino concentrarnos en los elementos que son de beneficio para los pueblos de nuestros países.
El Perú asume este año la Presidencia Pro Tempore de la CAN. Una de las tareas que el Perú considera prioritaria es acercar las instituciones comunitarias a la ciudadanía, mediante medidas que signifiquen beneficios concretos para los ciudadanos. Estas incluyen fomentar la circulación con los documentos de identidad nacional, apoyar el comercio entre la PYMES, fortalecer la cooperación en salud y promover el desarrollo de las zonas fronterizas, entre otras.
También se requiere prestar mayor atención a la tarea de transmitir y comunicar a los ciudadanos los beneficios de la integración. La CAN continúa vigente, no obstante las trabas que ha superado, precisamente porque la idea de la integración regional existe en la mentalidad de nuestras poblaciones. El desafío es hacer conocer mejor a los ciudadanos los efectos positivos en la vida diaria que genera la integración andina.

Antes de 1969 vivíamos prácticamente de espaldas unos a otros. Hoy los ciudadanos de nuestros países circulan sin dificultades a través de nuestras fronteras y comercian e invierten con mayores facilidades. Todo esto es producto de muchas reuniones y desvelos en procura de armonizar normas y reglamentos.
Está pendiente aún la tarea de proyectarnos conjuntamente hacia el resto del mundo. Hoy nos conocemos mucho mejor que antes y eso nos permite reconocernos como miembros de una comunidad con metas comunes.

SALVADOR LLUCH SOLER
Firmante del Acuerdo de Cartagena en representación del Gobierno de Chile
Miembro de la Primera Junta del Acuerdo de Cartagena

Para mí es algo difícil participar en este acto. Primero que nada porque presentar la visión que uno puede tener de algo complejo que sucedió hace 40 años y que ha venido evolucionando en forma lenta, variada, con pasos adelante y otros atrás, requeriría un análisis que esta reunión, que no es un seminario, no permite. Por eso, me limitaré a dos cosas: primero, agradecer este homenaje a los firmantes del Acuerdo de Cartagena entre los cuales he tenido el gusto de oír mi nombre y, segundo, expresar una reflexión sobre algunos aspectos que me parecen fundamentales en lo que ha sido este largo proceso.

El Acuerdo de Cartagena fue el resultado de un trabajo muy sustantivo y ambicioso, que exigió grandes esfuerzos de mucha gente y la decisión política muy firme de los Gobiernos que, al final de las negociaciones, formaron la unidad básica andina. Ella fue el resultado de una búsqueda de acuerdo tan difícil que no logramos evitar que uno de los participantes, el más importante económicamente en la época, Venezuela, se nos quedara en el camino. De este modo, partimos con cinco países y un sexto que se mantenía muy cercano pero no estaba plenamente integrado en el nuevo organismo.
De este largo camino recorrido y del recuerdo de lo que pensábamos en la primera etapa, en los primeros tiempos, me surgen algunas preocupaciones importantes. A lo largo de los cuarenta años el Acuerdo ha sobrevivido e incluso, en algunos de sus ámbitos, ha tenido un éxito rotundo, como es el caso de la Corporación Andina de Fomento, que de un capital básico de 25 millones de dólares tiene hoy un patrimonio propio de 4.500 millones de dólares y cuenta entre sus miembros a 17 países, desde luego, a todos los de Sudamérica y España. Este importantísimo éxito específico muestra que la capacidad de realización no solo de los países andinos sino de los países latinoamericanos es grande. Los ciudadanos de la región tenemos la capacidad de desarrollar bien proyectos muy complejos.

Sin embargo, no puedo dejar de señalar que siento que el actual proceso, heredero del Grupo Andino inicial, ha crecido mucho en ramaje, pero me parece que ha perdido consistencia. Como ciudadano de un país que fue fundador e impulsor del Acuerdo, y que posiblemente podríamos calificar como el más entusiasta en la primera época, me es sumamente penoso participar en este momento de recuerdos y proyectos cuando nuestro país ya no es miembro del Grupo. No pertenece al Grupo después de una decisión del gobierno militar que, a mi juicio, fue un grave error político y, quién sabe, más que político, geopolítico. No puedo dejar de manifestar mi tristeza frente a la ceguera que hubo en un momento para captar el significado profundo y de largo plazo de todo lo que se quería y podía hacer.
Pero en este acto tan significativo quiero destacar lo que creo firmemente es la lección más importante que nos dejó el proceso andino inicial y que nos puede servir mucho, ahora, inclusive en términos latinoamericanos. Me refiero a la necesidad de que exista un centro de pensamiento comunitario activo, con fuerza y capacidad política. Eso lo tuvo el Acuerdo de Cartagena, que tenía dos órganos principales: la autoridad máxima, que era la Comisión constituida por los Representantes de los Países Miembros y el eje de la Visión Comunitaria, que era la Junta. Ya desde la etapa inicial concebimos esta entidad con tres miembros para darle una consistencia institucional, de modo que el Organismo pudiera enfrentar hechos sustancialmente importantes cuando ello fuera necesario, como, por ejemplo, entrar en conflicto con algunos Países Miembros.
Es evidente que, a mi juicio, a la integración no se avanza juntando los puntos de vista nacionales, solamente. Porque los puntos de vista nacionales son obviamente muy precisos en sus objetivos: qué es lo que mi país puede ganar del proceso. Así, nadie se preocupa de ver qué es lo que podríamos ganar todos actuando como conjunto.
La Junta inicial tenía un carácter de Organo con plena autoridad. Era tal la diferenciación que en ese tiempo hacíamos del papel comunitario y del papel de las representaciones nacionales, que la primera imagen en Chile, la primera idea de una Junta, nos llevó a pensar en tres nombres de fuera de la subregión de ese momento, o sea, que ninguno fuera ciudadano de ninguno de los cinco países. Se pensó, concretamente, en una Junta compuesta por Héctor Hurtado de Venezuela, que en ese momento no era País Miembro; Roque Carranza, ex Ministro de Argentina y en el que después fue Presidente del Banco Interamericano, nuestro apreciado ex Secretario Ejecutivo de la CEPAL, el uruguayo Enrique Iglesias.
Ese juego de nombres no fue aceptado por el resto de los países, “no señor, tiene que ser un conjunto de personas de la región”. En ese momento, surgieron propuestas de los diferentes países de distintos nombres. Yo tuve el orgullo, y lo señalo especialmente en este momento, de que mi nombre no fuera propuesto por el Gobierno de Chile sino por el Gobierno del Perú. Ese honor, sumado a la capacidad de convencimiento del Embajador Carlos Alzamora, me llevó a aceptar un desafío que para mí, en ese momento, resultaba personalmente muy difícil.
Participar en la Junta del Acuerdo de Cartagena me permitió darme cuenta de la tremenda importancia que tiene para avanzar en un proceso de convergencia multinacional el que en todo momento se mantenga viva y actuante la visión colectiva. Diría que el dinamismo de los primeros años del Acuerdo dependió en proporción muy alta de la acción entregada y positiva de la Junta, o sea, del pensamiento comunitario. Pero hoy ese organismo central se ha perdido. En este momento, la Secretaría no es una entidad que pueda entrar en conflicto con los países. No le corresponde ni puede políticamente. Creo que es vital retomar ese hecho. Creo que la falta del pensamiento comunitario se nota claramente en la Comunidad Andina, y, obviamente, en todos los demás procesos que buscan la integración regional. Al Mercosur lo que le falta, fundamentalmente, es eso. El Mercosur no tiene un organismo comunitario. No existe quien esté permanentemente evaluando las posibilidades que se le abren a la nueva unidad en formación y estudiando como conciliar esas posibilidades con la condición de cada miembro.
El desafío de la integración es un hecho real. La coherencia latinoamericana es indispensable. No vamos a poder avanzar debidamente ni pesar debidamente si no actuamos con más coherencia y propósitos comunes. Esto, por lo demás, nos lo han dicho los representantes de la Unión Europea en forma muy clara y directa: “tienen que hablar con una sola voz” para, diciéndolo simplemente, tomarlos en serio.

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JUAN PABLO LIRA Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile (s)

Considero importante iniciar mis palabras resaltando a las dos figuras reconocidas por todos sus pares como los gobernantes fundamentales en el nacimiento de la Comunidad Andina: los ex Presidentes de Colombia, don Carlos Lleras Restrepo, y de Chile, don Eduardo Frei Montalva. Con una visión francamente envidiable se dieron cuenta, en aquellos momentos, que existían, entre los países miembros de la ALALC, dos bloques. Uno constituido por las naciones más desarrolladas, es decir, Argentina, Brasil y México, y, el resto que, muchas veces, tenían intereses opuestos, o, al menos, no coincidentes.

La ALALC los unía pero en un proceso extremadamente lento, lejos de las necesidades de los países menos desarrollados. El compromiso de crear un mercado regional se llevaba adelante con un proceso de desgravación muy limitado y producto a producto. Los intentos para avanzar de una manera más acelerada fracasaron y ello llevó a los países andinos a crear una nueva organización que les permitiera establecer más rápidamente un área de libre comercio en el marco de un verdadero proceso de integración.

Hemos escuchado acerca de todo lo ocurrido en estos 40 años de integración andina. Muchos esfuerzos se han realizado durante estos años, registrándose avances, estancamientos y, también, retrocesos.

Deseo mencionar, en esta oportunidad, la participación de Chile en el proceso y, muy especialmente, en los años recientes cuando se produce un importante acercamiento de nuestro país a la Comunidad Andina.

Chile tuvo una actitud extremadamente activa en la fase de negociaciones, fundación y aplicación inicial del Acuerdo de Cartagena. Posteriormente, la llegada del Gobierno militar significó, en 1976, el retiro de Chile de la integración andina. A partir de ese momento, se continuó solo con una vinculación a través de la participación en el Convenio Andrés Bello, en el ámbito de la educación, y en el Convenio Hipólito Unanue, en el campo de la salud. Asimismo, se continuó con una participación simbólica en la Corporación Andina de Fomento.

El regreso a la democracia en Chile en 1990, se tradujo desde sus primeros años, en un importante acercamiento con los cinco Países Andinos. Estos acercamientos concluyeron, principalmente, con acuerdos bilaterales en los ámbitos comerciales y económicos, los cuales se han ido ampliando a otras áreas y profundizando en los años más recientes.

En diciembre del año 2004, se produjo un hecho relevante pues Chile pasó a vincularse con la Comunidad Andina de Naciones en calidad de país Observador.

En época más reciente, en agosto de 2007, los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se dirigieron a la Presidenta Michelle Bachelet expresándole su interés en profundizar su relación con Chile, a través de la incorporación de nuestro país como País Miembro Asociado. La Presidenta contestó de inmediato, con fecha 21 de agosto, acogiendo la invitación de los cuatro Presidentes y manifestando el alto interés de Chile en la vinculación propuesta y los deseos que su concreción contribuya a la integración al interior de la Comunidad Andina, así como al fortalecimiento de los procesos de convergencia regional, y, en particular, a la construcción, junto al Mercosur, de la entonces Comunidad Sudamericana de Naciones, hoy Unión Suramericana de Naciones, Unasur.

El 20 de Septiembre de ese mismo año, la Comunidad Andina, mediante su Decisión 645, concedió a Chile la condición de País Miembro Asociado. A partir de ese momento, se constituyó una Comisión Mixta y un Grupo ad hoc de Alto Nivel Técnico, con el objeto de definir los alcances de la participación de Chile en el proceso de integración andino. El resultado de estos trabajos se consagró mediante la Decisión 666, de junio de 2008.

Para Chile su Asociación con la Comunidad Andina se debe considerar en la perspectiva de su política exterior hacia la región y, en particular, de su participación en diferentes instancias de integración.

Para Chile, es una prioridad en política exterior el fortalecimiento de la relación con los países vecinos y, también, con los demás países de la región. Es a partir de esta área que se busca proyectar nuestra identidad y enfrentar, en conjunto, los temas de la agenda internacional.

La política exterior del país parte de la base que para crecer económicamente, erradicar la pobreza y lograr mayor justicia social y equidad, se requieren mercados abiertos, integrados y confiables, así como una región estable, caracterizada por la certidumbre jurídica, la certidumbre política y, a su vez, comprometida con el bienestar de sus ciudadanos. Ello nos motiva a trabajar en instancias de integración regional en un marco de respeto y de aceptación de las naturales diferencias existentes. El reconocimiento de esta realidad es lo que sustenta nuestro proyecto de inserción internacional, el cual adquiere importancia estratégica al observar que nuestra región cuenta con un potencial único para estrechar y multiplicar los lazos económicos y comerciales, fortalecer nuestros vínculos políticos e impulsar nuestro desarrollo cultural.

En la práctica, estamos construyendo y participando activamente en los distintos procesos de integración existentes, tanto en las instancias regionales como subregionales. Es en este contexto que nos hemos asociado a la Comunidad Andina, siendo a la vez socios del Mercosur, participamos en la Comunidad Latinoamericana y del Caribe, la recién creada CALC, vemos con interés la propuesta de profundización de la integración latinoamericana hecha por México, teniendo como base el esfuerzo realizado en el marco del Grupo de Río. Es en este marco donde, también, concordamos con países de la región en iniciativas extra regionales, básicamente hacia la Asociación con la Unión Europea y el Asia Pacífico como son el Arco del Pacífico, APEC y el foro político Focalae. Es, por último, en este contexto, que hemos otorgado nuestro decidido respaldo a la Unasur, propuesta que engloba a las 12 naciones suramericanas que puede ayudar a la convergencia de los distintos sistemas de integración.

En Unasur nos ha correspondido, desde mayo de 2008, el ejercicio de la Presidencia pro tempore, la que con satisfacción entregaremos a Ecuador en agosto venidero, luego de haber contribuido, creemos, de manera firme y decidida a la constitución de instancias regionales tan importantes como el Consejo Sudamericano de Defensa y el Consejo Sudamericano de Salud, así como el fuerte impulso otorgado a la constitución de lo que, estimamos, va a ser un importante Consejo Social.

Al terminar, me permito reiterar que Chile le otorga a la integración regional el lugar de primer orden que merece en nuestra agenda internacional. Pero, al mismo tiempo, estimamos que, para que sea exitosa y sostenible en el tiempo, requiere ser construida sobre consensos reales entre los países, requiere del cumplimiento efectivo de los acuerdos y compromisos que se adopten, requiere ser efectiva demandando concesiones posibles a los Estados, y traducirse, todo eso, en beneficios reales para los pueblos.

Todo ello es muy necesario, debido a la diversidad que caracteriza a nuestra América. Nuestras economías son distintas, con diferencias en los grados de participación de los Estados como agentes económicos, en el grado de desarrollo de los sistemas de protección y bienestar social, en la regulación de mercados como el laboral y en la protección de bienes públicos y medios ambientales. El carácter y naturaleza de los gobiernos es un factor de heterogeneidad. La postura frente a la globalización es otra variable relevante.

Sin embargo, desde la óptica de Chile, la diversidad es una fuente de riqueza en nuestra región, porque no somos iguales podemos comprendernos mejor. Es fundamental acordar posiciones comunes frente a acontecimientos claves que se presenten en el escenario internacional. Es necesario que actuemos con una sola voz. Si no actuamos unidos, como bien se ha dicho, nuestros pueblos se empobrecerán aún mucho más.

Hace 40 años, el Presidente Eduardo Frei Montalva soñó que en América Latina éramos capaces de actuar con una sola voz, incluso, que éramos capaces de crear instancias supranacionales. Hace 40 años, este Presidente chileno creyó, como pocos, en la integración y firmó el Acuerdo de Cartagena. Hoy la Presidenta Michelle Bachelet ha continuado con dicha senda y estamos trabajando para que la integración de nuestra querida América Latina sea una realidad.